En un histórico discurso en busca de su absolución, la presidenta de Brasil, con sus funciones suprimidas, Dilma Rousseff, alertó que el país está “a un paso de la ruptura democrática” y que un “golpe de Estado parlamentario” permitirá la asunción de un “gobierno usurpador”.

La mandataria dijo que está siendo sometida por segunda vez a una “injusticia”, al recordar aquel tribunal militar que la condenó como presa política en la dictadura y, ahora, a la evaluación del Senado que la acusa de haber violado la ley fiscal en el presupuesto 2015.

“Lo que está en juego no es apenas mi mandato, sino el respeto a las urnas”, dijo Rousseff quien calificó el proceso político como un desarrollo “sin base legal y encubierto de ilegalidad buscando reemplazar a un gobierno y un programa nunca votado”.

Ante un plenario colmado, Rousseff jugó su última carta para evitar que se llegue al piso de 54 votos de 81 para expulsarla del cargo, en un plenario del Senado con la presencia del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, mentor político de la jefa del Estado, y el cantautor Chico Buarque, además de exministros y diputados.

La oposición tiene mayoría y es difícil para el Partido de los Trabajadores (PT) revertir las tendencias que se anticipan, aunque aún existen márgenes para captar votos o provocar abstenciones.

En su mensaje, Rousseff se emocionó al repasar su pasado de activista juvenil contra la dictadura, que la mantuvo como presa política durante casi 3 años y bajo sesiones de tortura para denunciar, sin nombrarlo directamente, a su vicepresidente, Michel Temer, quien se unió al candidato opositor derrotado en 2014, el senador Aecio Neves.

“Entre mis defectos no están la deslealtad y la cobardía. No traicioné ni traiciono a los que luchan a mi lado. En el combate a la dictadura recibí las marcas de la tortura, el sufrimiento de la presión, vi compañeros ser asesinados. Resistí y no cedí en aquella época y no será hoy que vaya a abdicar a la lucha por Brasil”.

Rousseff también atribuyó a una conspiración por parte de un aliado de Temer, el expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, por frenar los proyectos de ley de 2015 y abrir el juicio político porque la mandataria se negó a protegerlo en los escándalos de Petrobras. “No esperen el obsequioso silencio de los cobardes”, dijo renovando su propuesta de anticipar elecciones para intentar ganar el voto de los indecisos.

Unas 2.000 personas recibieron a la acusada en la puerta del Senado antes de declarar y le regalaron flores. La mandataria suspendida comparó el momento actual con los golpes de Estado sufridos por los expresidentes Getulio Vargas y Joao Goulart y las intentonas de Juscelino Kubitschek, rebeliones que atribuyó a “las clases dominantes que no pueden acceder con sus programas de gobierno mediante el voto popular”.

“Voten contra el impeachment (destitución), voten por la democracia”, exhortó Rousseff en la conclusión de su alegato a los senadores, que posteriormente plantearon sus preguntas a la mandataria, un interrogatorio para el que se inscribieron 45 legisladores.  

Rousseff está acusada de haber firmado 3 decretos para anticipar dinero del presupuesto y de usar ese recurso de los bancos públicos para subsidiar el plan agrícola Zafra 2015, una práctica común en la administración pública que ahora fue penalizada como base para el proceso de destitución.

“En cualquier otro caso, Dilma ya hubiera sido absuelta, acá se está haciendo un juicio político, una evaluación de apoyos típica del parlamentarismo, pero en el presidencialismo hay que encontrar el delito”, le dijo recientemente a EL TELÉGRAFO José Eduardo Cardozo, abogado de Rousseff. (I)

EN CONTEXTOS

Dilma Rousseff fue separada de su cargo el pasado 12 de mayo, después de que el Senado de Brasil admitiera una demanda presentada en su contra por la emisión de tres decretos de suplementación presupuestaria y las llamadas “pedaleadas fiscales”.

Desde que se inició el proceso, la defensa de la mandataria y sus seguidores denunciaron que se trata de un golpe de Estado desarrollado bajo la figura de juicio político.

El resultado final del dictamen se conocerá posiblemente hoy. Si obtiene el apoyo de 54 de los 81 senadores, la presidenta podrá volver a su cargo hasta el final de su mandato en diciembre de 2018.

De ser considerada culpable tras la votación del pleno del Senado, Rousseff será separada de su cargo definitivamente e inhabilitada políticamente por un período de 8 años. Además, Michel Temer sería confirmado como presidente en lo que resta del mandato, hasta el 2018.

Si el Senado la castiga, Rousseff se convertirá en el segundo jefe de Estado en ser sometido a un proceso de destitución en el Congreso brasileño. El otro fue Fernando Collor, con la diferencia de que él dimitió antes de llegar a enfrentarse con los senadores en la fase final del juicio. (I)