El juez Claudio Bonadio  procesó este lunes con prisión preventiva a la expresidenta argentina Cristina Fernández, acusada de recibir millonarios sobornos de empresarios de la obra pública, aunque  no será detenida por ser senadora y tener fuero.

El Centro de Información Judicial (CIJ) precisó que la expresidenta “es considerada jefa de una asociación ilícita”.

El juez federal también “pidió su desafuero” cuando el Senado trate su solicitud sobre este tema, precisó.

Bonadio, quien la acusa de 22 delitos, además la embargó por 4.000 millones de pesos ($ 100 millones) y procesó también a otras 45 personas    -entre decenas de empresarios y exfuncionarios- involucradas en este  caso registrado durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015).

Hace tres semanas el juez llevó a cabo allanamientos en tres viviendas de Kirchner, una en Buenos Aires y dos en la Patagonia, al sur del país.

Cristina es investigada por ocho causas por supuesta corrupción y por presunto encubrimiento a iraníes en el juicio por el atentado a la mutual judía AMIA. Este es su quinto procesamiento.

El escándalo
Desde que surgió el escándalo a principios de agosto, varios son los empresarios y exfuncionarios que han declarado como imputados “arrepentidos” -figura legal que otorga beneficios penales para los que colaboren con la Justicia-.

Ellos reconocen la existencia de las coimas y la supuesta implicación de Fernández y su fallecido esposo, el también expresidente Néstor Kirchner y y el Ministerio de Planificación Federal de Julio de Vido.

Entre los empresarios involucrados consta Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente, Mauricio Macri (que declaró haber hecho bajo presión pagos ilegales para financiar las campañas electorales kirchneristas), Aldo Roggio, Gerardo Ferreyra, Luis Betnaza, Carlos Wagner y Enrique Pescarmona.

“Era algo que estábamos esperando, habituados a un Bonadio que no está ejerciendo su rol de juez independiente sino de juez arbitrario por fuera del estado de derecho”, declaró el abogado de la exmandataria Gregorio Dalbón.

El defensor aseguró que el magistrado -que ya procesó a Fernández en otras causas e incluso pidió su desafuero para detenerla a finales del año, algo que no prosperó- está “comulgando con las corporaciones mediáticas” y con el Poder Ejecutivo nacional para seguir “persiguiendo a la líder de la oposición”.

Según informó el juez a finales del pasado mes, en base a sus investigaciones llegó a la conclusión de que Kirchner y Fernández fueron, junto a su ministro del área de obras públicas, Julio de Vido, los “verdaderos beneficiarios” de la supuesta red de sobornos llevada a cabo durante sus gobiernos.

El caso surgió por las anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por Óscar Centeno, chofer del ministro De Vido. (I)