Acorralado, el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, el opositor y ultraconservador Eduardo Cunha, jugó su última carta, la del golpe destituyente, y abrió el proceso de juicio político contra la mandataria Dilma Rousseff.

El diputado es del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) del vicepresidente Michel Temer y pone en jaque a la mandataria Dilma Rousseff, debilitada políticamente y con la economía en recesión.

Cunha es investigado por haber recibido más de $ 20 millones de sobornos a cambio de leyes a favor del detenido banquero André Estevez. Por eso el Partido de los Trabajadores (PT) había decidido apoyar el proceso de destitución de Cunha como presidente de la Cámara Baja.

“Cunha es un chantajista. El PT decidió votar a favor de la apertura del proceso por falta de decoro de Cunha y él responde de esa manera”, explicó Paulo Pimenta, del PT.

A 11 meses de la asunción de su segundo gobierno, Dilma es la segunda presidenta que enfrenta un proceso de juicio político abierto. Antes había sido Collor de Mello en 1992, quien terminó renunciando antes de que se lo juzgara en el Congreso.

El PT había dado los votos necesarios para apoyar la salida de Cunha, un ultraconservador que también tiene cuatro cuentas en Suiza sin declarar ante el fisco.

Cunha aceptó la petición basada en un pedido de los juristas Helio Bicudo -un fundador del PT enemigo declarado del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva- y Miguel Reale Junior, exministro de Justicia de Fernando Henrique Cardoso, que sostienen que el gobierno alteró la contabilidad fiscal de 2015 para cubrir costos.

Sin embargo, en el Congreso se aprobó la meta fiscal del gobierno, lo cual eliminaría el argumento del pedido de juicio político.

Ahora se instalará una comisión especial para analizar el pedido, con diputados de todos los partidos y la venia legal de la máxima corte. En el plenario, el proceso de juicio político debe aprobarse por dos tercios en la Cámara de Diputados, mientras que el Senado será parte de tribunal en caso de que se apruebe.

Por su parte, la presidenta Rousseff, en un breve discurso a la nación, señaló: “Tengo la convicción y la absoluta tranquilidad en cuanto a la total improcedencia de ese pedido, así como de su justo archivo. No podemos dejar que conveniencias e intereses indefendibles debiliten la democracia y la estabilidad de nuestro país”.

“Son inconsistentes e improcedentes las razones que fundamentan este pedido. No existe ningún acto ilícito practicado por mí. No hay ninguna sospecha de desvío de dinero público, no tengo cuentas en el exterior ni oculté al conocimiento público la existencia de bienes personales”, dijo la mandataria. (I)

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