La comisión parlamentaria que investiga el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras presentó este lunes su informe final, en el que se exculpa de toda responsabilidad a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y a su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva.

El relator de la comisión, el diputado Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira, del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), leyó el informe que señala que "no hay ninguna prueba" contra Rousseff o contra Lula en los documentos que ha estudiado la comisión parlamentaria, según recoge la agencia EFE.

El informe también exculpa del escándalo a los expresidentes de Petrobras Graça Foster y José Sérgio Gabrielli y manifiesta que la petrolera fue "víctima de un cartel" formado por constructoras "con la complicidad de algunos malos funcionarios".

Según la Policía Federal, que también investiga el caso, las constructoras obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban sus valores y repartían las diferencias entre los directores de la firma estatal y los políticos que facilitaban las corruptelas.

La petrolera ha reconocido en sus balances que, entre 2004 y 2014, la red de corrupción se apropió en forma ilegal de unos 2.000 millones de dólares.

El escándalo ha salpicado a medio centenar de políticos, entre ellos el extesorero del PT João Vaccari, quien ha sido condenado a 15 años de prisión por haber cobrado sobornos en nombre del PT con fondos desviados de la petrolera.

No obstante, la comisión parlamentaria consideró en su informe que las investigaciones del pago de sobornos a los partidos políticos fueron "superficiales" y las conclusiones de los investigadores, "exageradas", según palabras de Nóbrega de Oliveira.

Asimismo el informe consideró que los delitos cometidos en el caso Petrobras tuvieron "motivaciones de naturaleza personal", con lo que exculpa de responsabilidad a los partidos políticos y las decenas de empresas implicadas por la justicia.

La comisión sugirió la adopción de 14 propuestas legislativas, que incluyen un mayor control de la gestión de las empresas estatales y cambios en la ley anticorrupción.

Los trabajos de la comisión se iniciaron el pasado febrero y concluyeron oficialmente hoy, pero el caso continúa siendo investigado por la Policía, por una corte de Curitiba, capital del estado de Paraná (sur) y por el Tribunal Supremo, órgano que ha asumido las acusaciones contra los políticos aforados. (I)