El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y los cuatro consejeros de su gobierno seguirán en Bélgica hasta el próximo 4 de diciembre.

Así lo decidió ayer el juez de primera instancia al anunciar que pospone cualquier dictamen sobre su extradición a España a un análisis más profundo sobre los delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia que les imputa la Audiencia Nacional. Será en esa nueva cita cuando los acusados presenten sus alegaciones para que la justicia belga tome una decisión sobre este caso.

Se esperaba con expectación la vista contra Puigdemont en los tribunales de Bruselas, pero la decisión del fiscal de descartar el delito de corrupción, como figura en la euroorden tramitada, ha servido para detener el proceso.

Según uno de los abogados del expresidente catalán, Jaume Alonso, el juez “quiere estudiar si los hechos pueden ser constitutivos de coalición de funcionarios”, una figura delictiva exclusivamente belga que se ajusta a los delitos de “sedición y rebelión” contemplados en el código penal español.

Este enredo terminológico fue, apuntaron las mismas fuentes, el motivo por el que ni Puigdemont ni los consejeros declararon ayer en una vista que no duró ni una hora.

La conclusión más clara que empieza a vislumbrarse es que estos movimientos se enmarcan en una jugada soberbia.

Asesorado por verdaderos especialistas en leyes europeas, el líder independentista esquivó sin inmutarse la poderosa maquinaria judicial que le había preparado el Gobierno español para encarcelarlo.

Con la estudiada maniobra de refugiarse en Bélgica, Carles Puigdemont se ha garantizado que al menos hasta el próximo febrero seguirá viviendo en un régimen de libertad vigilada, porque si se quedaba en España estaría en la prisión madrileña de Estremera.

Una cárcel, por cierto, sobre la que ha caído un manto de sospecha, el que el jueves lanzó el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, el órgano que vela por los derechos humanos dentro de la Unión Europea (UE). (I)