Tres meses después de los atentados de París, la Asamblea Nacional de Francia aprobó por una amplia mayoría la reforma constitucional que incorpora las medidas con las que se pretende combatir los ataques terroristas. Entre las herramientas está la inclusión del estado de emergencia y la posibilidad de despojar de la nacionalidad a los condenados por delitos graves contra el país, y que tengan vínculos jurídicos con 2 Estados.

Después de semanas de apasionados debates, el proyecto de ley llamado de ‘protección de la Nación’, fue adoptado por la Asamblea Nacional (Cámara Baja) por 317 votos a favor, 199 en contra y 51 abstenciones.

La reforma deberá ser ahora sometida al Senado, donde es mayoritaria la oposición de derecha, y ser aprobada por los senadores en términos idénticos al texto votado en la Asamblea.

Y luego a las 2 cámaras reunidas en el Congreso, donde la adopción requiere la aprobación por tres quintos de los votos expresados.

La revisión consiste en la introducción en la Carta Magna de 2 artículos, uno sobre el estado de emergencia y el otro sobre la pérdida de la nacionalidad francesa para los autores de crímenes y delitos terroristas.

Esta votación revestía una importancia crucial para el presidente Hollande, que anunció la reforma poco después de los atentados de París, los peores sufridos en Francia, que dejaron 130 muertos y cientos de heridos el 13 de noviembre de 2015.

Su rechazo hubiera enterrado la iniciativa y significado una espectacular desautorización para Hollande, potencialmente devastadora para sus ambiciones de obtener un segundo mandato en la elección presidencial de 2017.

“Votar contra es poner en dificultad al gobierno y en minoría al presidente”, había afirmado ante los diputados socialistas el primer ministro Manuel Valls, que después de la votación se declaró ‘satisfecho’ y ‘convencido’ de que la revisión constitucional será aprobada por el Congreso.

Doble nacionalidad causa división

Las profundas divisiones al respecto tanto en la mayoría socialista como en la oposición de derecha hacen perdurar las dudas sobre las posibilidades de que el texto sea definitivamente adoptado.

En la derecha, el expresidente de la Asamblea, Bernard Accoyer, predijo al ejecutivo un fracaso, por considerar que la mayoría de tres quintos requerida en el Congreso es un ‘objetivo inalcanzable’.

El ex primer ministro Alain Juppé, candidato favorito a la próxima primaria de la derecha, fustigó por su parte una ‘reforma inútil que divide’.

Y sin embargo, Hollande había sido aplaudido en pie por los parlamentarios cuando anunció su proyecto, el 16 de noviembre. Pero después la polémica fue cada vez más áspera sobre la pérdida de la nacionalidad.

Esa medida, que teóricamente concierne a todos los franceses, pero en la práctica solo a los que tienen doble nacionalidad, llevó a la dimisión a fines de enero pasado de la ministra de Justicia, Christiane Taubira, que dijo dejar el gobierno por ese ‘desacuerdo político mayor’.

Hasta ahora, la retirada de nacionalidad se permitía únicamente con aquellas personas nacidas fuera del territorio nacional; pero de aprobarse esta ley, los nacidos en Francia también se verían afectados.

Finalmente, el Gobierno ha retirado del texto cualquier referencia a la binacionalidad, pero en la práctica la idea se mantiene ya que únicamente los ciudadanos con 2 pasaportes serían blanco de la medida o de lo contrario Francia estaría creando apátridas.

Allanamientos y detenciones

Otro escollo en el largo proceso que espera al texto es la hostilidad creciente de parte de la izquierda a la prolongación del estado de emergencia, que autoriza los allanamientos y las detenciones domiciliarias y permite prohibir las manifestaciones. Paralelamente, la derecha exhorta al Gobierno a preparar desde ya la salida del mismo.

Al margen del debate constitucional, se espera que el estado de emergencia, en vigencia desde los atentados de París, sea prolongado hasta fines de mayo, es decir 2 semanas antes de la organización de la Eurocopa 2016 en Francia, que atraerá a cientos de miles de espectadores del mundo entero.

Al respecto, el Gobierno considera que la Constitución actual, realizada en 1958, no se adapta a la situación de crisis que vive el país. “Para combatir de forma eficaz el terrorismo, como corresponde al Estado hacerlo, todos los responsables políticos quisieron la puesta en marcha y prolongación del Estado de Emergencia, que actualizó, 60 años después de su adopción, la ley del 3 de abril de 1955”, que regulaba esta peculiar variación del estado de excepción en el marco de la Guerra de Argelia. (I)