Los padres de familia y estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en México, demandan la suspensión del proceso electoral del próximo 7 de junio, porque las autoridades no han presentado con vida a los 43 normalistas y varios candidatos y 30 alcaldes están vinculados con el crimen organizado.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra (foto), manifestó que los inconformes exigen que los diputados hagan un llamamiento de suspender las elecciones y se entre a un período de análisis sobre el tema, publicó el diario Jornada.

Rosales indicó que su propuesta de prorrogar las elecciones en Guerrero obedece a que “no hay condiciones para realizarlas. En la entidad se vive una realidad sui géneris, al suceder un hecho que viola los derechos humanos de manera grave, como es el caso Ayotzinapa; en este hay (implicados) políticos corruptos y una clase gobernante que perdió el rumbo, por eso no podemos ir a las elecciones”, subrayó.

El jurista dio como ejemplo el caso del candidato Alberto López Rosas, exprocurador estatal vinculado con la ejecución de 2 normalistas en 2011. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) tiene incluso en sus investigaciones un grupo de 30 alcaldes priístas y perredistas con claros vínculos con la delincuencia, y con averiguaciones previas. También está el caso de Carlos Reyes Torres (candidato a una diputación plurinominal), señalado por el Cisen por delincuencia organizada.