Henry Kissinger, el ideólogo de la política exterior del Gobierno estadounidense de Richard Nixon y uno de los hombres más influyentes en el campo de las relaciones internacionales, escribe en su última obra: “China” que: “la excepcionalidad estadounidense es propagandista (mientras que) la excepcionalidad china es cultural”. En efecto, ese afán de difundir sus valores al mundo ha ido muy de la mano con algunas cuestiones en concreto como: las cartas de intención del FMI, las recetas del Consenso de Washington y por último, sus “intervenciones humanitarias” para llevar esa democracia tan anglo a países del Medio Oriente.
Pero este dogmatismo encuentra sus límites al pasar de la retórica de foro a la práctica y cuando se trata de un turbio enemigo “terrorista”. La semana pasada, el Departamento de Estado de Estados Unidos hacía público su “Informe Anual sobre Derechos Humanos” y puso las tildes a países como Siria, Rusia, China, Venezuela e incluso, a sus “aliados”: México y Colombia. Por supuesto, Ecuador tampoco se salvó y respondió al informe.
La ilegitimidad del Informe y el “poder blando” de los derechos humanos.
Además de Estados Unidos y China, que en respuesta a este reporte emite desde 1998 el Informe sobre los Derechos Humanos en Estados Unidos, ningún otro país se ha atrevido a ser juez del cumplimiento de los estándares de otros países, un gesto de clara intromisión en los asuntos internos y de neocolonialismo.
Esta pedagogía unilateral, no es sino una de las tantas formas de “poder blando” en despliegue, ese poder que sin necesidad de armas, ni violencia puede influir en el comportamiento de actores como Estados, ONG y hasta en sectores de la llamada sociedad civil, por ejemplo: los medios de comunicación.
Desde la época de la “Guerra Fría” los derechos humanos fueron politizados e instrumentalizados por Estados Unidos y la ex-Unión Soviética (URSS), con el fin de deslegitimar al otro frente a la comunidad internacional. Mientras EE.UU. acusaba a la URSS de violar los derechos civiles y políticos (libertad de expresión, de asociación, etc.); la URSS incriminaba a la EUA de no respetar los derechos asociados a lo económico, social y cultural (derechos de los trabajadores, de las minorías, de salud, etc.).
No obstante, en un mundo en el que la multipolaridad va ganando terreno, este tipo de reportes se vuelve más anacrónico que nunca, peor aún, cuando el telón de fondo es la revelación de las prácticas de espionaje de EE.UU. contra otros países y contra sus propios ciudadanos.
El doble estándar y la agenda mínima de derechos.
Al Departamento de Estado se suma una amplia maquinaria de las ONG como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Freedom House que año a año también emiten su informe. No es casual, Estados Unidos defiende, sobre todo, los derechos civiles y políticos, aquellos que necesita el mercado, de allí, que otros derechos de tipo económico y social, como el de la salud, queden casi por fuera de sus objetivos.
Este país no ha ratificado varios instrumentos internacionales, como el Pacto de San José, la Convención Universal contra la Tortura; la Convención Universal sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares, Convención sobre la eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, entre otros.
Entre sus hitos están: haber socavado de forma permanente la autoridad de la Corte Penal Internacional (CPI) -a riesgo de que sus propios soldados sean juzgados-, permitir que la pena de muerte siga vigente en la mayoría de sus Estados, el bloqueo económico a Cuba, las detenciones arbitrarias y torturas en Guantánamo, los “daños colaterales” provocados por el uso de drones -aviones no tripulados- principalmente en Pakistán.
Casa adentro, la extrema privatización de la salud, las violaciones a los derechos de los migrantes, la represión policial a los manifestantes de “Occupy Wall Street” y, por último, el irrespeto a la privacidad de los ciudadanos del mundo a través del espionaje. En los últimos años ningún otro país ha violado tanto los derechos humanos de los ciudadanos de otros países como EE.UU.
Estados Unidos no es la ONU.
China ya ha logrado responderle a Estados Unidos en el mismo tono unilateral y a través de un informe anual. Ecuador también ha contestado al reporte, con la publicación de un comunicado oficial de la Cancillería que le sugiere ponerse al día, en lugar de criticar a otros países.
El régimen de derechos humanos es todavía deficitario a nivel internacional y regional, solo los órganos competentes al interior de organismos multilaterales como la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) pueden tener cierta capacidad de asesorar y juzgar los aciertos o desaciertos de los países en materia de derechos humanos. En ningún caso, otro Estado -menos aún si este está peor que sus juzgados- puede informar al mundo de las violaciones que cometen sus pares.
Ecuador y Venezuela hacia una agenda más amplia.
Ecuador y Venezuela son casos paradigmáticos de países que han ampliado la lista de cumplimiento de derechos humanos. Sumados a las ratificaciones de prácticamente todos los instrumentos internacionales concernientes, han apostado por priorizar la agenda de derechos económicos, sociales y culturales.
¿Cómo se ha de procurar únicamente el derecho al voto, si ese ciudadano no tiene ni salud, ni educación garantizada? Allí, la necesidad de que los derechos humanos no se limiten a los discursos neoliberales de las libertades civiles, sino que vayan más allá, hacia el acceso a la educación, a la salud y el trabajo.
Algunos datos sobre el Informe Anual de Derechos Humanos de EE.UU. incluye a los países que reciben asistencia por parte de Estados Unidos y a los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Se publica desde 1977 y se refiere al cumplimiento de los derechos civiles y políticos y, en menor medida, a los derechos laborales.
Se sostiene en dos instrumentos: el Acta de Asistencia Exterior de 1961, que dividió los programas de ayuda en el extranjero en militares y no militares y bajo la cual se creó la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés); y el Acta de Intercambio de 1974, que abrió el camino para el libre comercio y en una de sus secciones estableció ciertas protecciones a los trabajadores.