Un equipo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) respaldó este viernes el plan de Japón para recuperar las zonas afectadas por la radiactividad procedente de la central nuclear de Fukushima y destacó el "extraordinario esfuerzo" que está efectuando el país para solventar la crisis.
El grupo, formado por doce expertos y encabezado por  el español Juan Carlos Lentijo, concluyó hoy una misión de ocho días en  Japón en la que ha evaluado la estrategia y los planes de las  autoridades niponas para descontaminar las áreas afectadas por el  accidente de Fukushima.
 En la misión ha habido "trabajo de  campo, de despacho, de discusiones y de reuniones muy intensas", aseguró  a Efe Lentijo, que subrayó que el programa de recuperación de Japón  está "bien fundamentado", con apoyo político y de la población, una  "buena infraestructura tecnológica, recursos y capacidades para ello".
 En un informe preliminar presentado hoy en el Centro de la Prensa  Extranjera de Tokio, los expertos se mostraron optimistas y consideraron  que, "a medida que Japón continúe los esfuerzos de recuperación", la  población afectada por las consecuencias del accidente recuperará la  tranquilidad.
 "El programa de recuperación va a ser largo,  pero hay unas prioridades muy importantes que permitirán obtener  resultados a corto, medio y largo plazo", algunos de los cuales ya son  visibles, como la rápida evacuación y limpieza de las escuelas, "un  indicador del compromiso de Japón", añadió Lentijo.
 Según el  informe, Japón ha desarrollado un programa "eficiente" para la  recuperación de las zonas afectadas basado en la asignación de recursos  "legales, financieros y tecnológicos" y dando prioridad a los niños.
 El OIEA señaló que el país también ha adoptado medidas prácticas para  informar a la opinión pública e involucrar a los residentes y las  instituciones locales a la hora de definir su estrategia.
 Sin  embargo, los expertos también hicieron algunas recomendaciones a las  autoridades niponas, como la de realizar una mejor clasificación de los  escombros retirados en la zona o centrar la campaña de información sobre  la radiactividad en las dosis que recibe la población y no en el índice  ambiental.
 El OIEA también advirtió de que falta señalización  en las áreas de evacuación decretadas por el Gobierno y muchas tienen  libre acceso, por lo que instó a utilizar indicadores de rutas  apropiados.   Los especialistas destacaron el constante apoyo de las  autoridades locales y de los residentes a su misión, y expresaron su  deseo de continuar su trabajo en el "gran reto" al que se enfrenta Japón  para compartirlo con la comunidad internacional.
 Lentijo,  director técnico de Protección Radiológica del Consejo de Seguridad  Nuclear (CSN), subrayó además tras la visita a la maltrecha central la  importancia de la hoja de ruta aprobada por el Gobierno, que prevé dar  por concluida la crisis en enero de 2012.
 En cuanto al control  de la contaminación radiactiva en los alimentos, recordó que ya hay  restricciones de distribución en las zonas afectadas y consideró que "el  sistema de control es muy estricto", lo que permite detectar anomalías.
 "El elemento a controlar son las áreas adyacentes, en las que no hay  índices de radiactividad y pueden producirse situaciones puntuales que  requieran actuar", advirtió.
 Por su parte, Tero Varjoranta,  subjefe del equipo, indicó que desde Chernóbil el mundo ha tenido tiempo  para aprender en esta materia y recordó que mientras en esa ocasión  muchos niños se contaminaron a través de la leche, en Japón los  controles incluyen este alimento.
 Está previsto que el informe final sobre la misión que acaba de concluir se presente al Gobierno de Japón el mes que viene.
 La crisis de Fukushima, la más grave en los últimos veinticinco años,  ha obligado a evacuar a más de 80.000 familias que vivían en un radio  de 20 kilómetros de la central a causa de la radiactividad.
 El  pasado septiembre el Gobierno nipón calculó que el coste de la limpieza  de las zonas afectadas por la radiactividad podría ascender a unos  225.000 millones de yenes (unos 2.150 millones de euros). 
