Chilenos marchan para exigir verdad y justicia 40 años después del golpe
Miles de personas se manifestaron este domingo en las principales ciudades chilenas, en vísperas de cumplirse el 40 aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que derrocó al gobierno constitucional del presidente socialista Salvador Allende y dio inicio a una cruenta dictadura.
La marcha más multitudinaria tuvo lugar en Santiago, donde según fuentes policiales unas 30.000 personas secundaron la convocatoria de la Asamblea Nacional de los Derechos Humanos, que congrega a familiares de víctimas y grupos sociales y de izquierda.
Los manifestantes, que portaban retratos con los rostros y los nombres de personas asesinadas, recorrieron los cuatro kilómetros que distan entre la céntrica avenida Alameda y el Memorial del Ejecutado Político y el Detenido Desaparecido, en el cementerio general.
La marcha transcurrió de forma pacífica hasta que al llegar a las inmediaciones del cementerio, un reducido grupo de encapuchados protagonizó incidentes y se enfrentó con policías.
Los encapuchados lanzaron piedras y bombas incendiarias contra carros lanzaaguas de la policía uniformada, que también actuó con gases lacrimógenos.
Un grupo minoritario de manifestantes incluso intentó quemar una gasolinera y la sucursal de un banco, pero su acción fue frustrada por los agentes.
Dirigentes sociales consideraron que la actuación policial fue desmedida y arbitraria. Denunciaron que quienes caminaban pacíficamente fueron "intoxicados arbitraria y gratuitamente".
Este año, el principal acto de homenaje a las víctimas de la dictadura ha estado precedido de una serie de gestos y pronunciamientos en favor de la reconciliación.
Pero a juicio de las víctimas, nada de esto es suficiente mientras no se establezca la verdad histórica de lo sucedido y los tribunales apliquen con rigor la ley a todos los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
"Las solicitudes de perdón están todas carentes de contenido, porque ninguno ha llamado a terminar con el pacto de silencio, porque ninguno ha dicho que debe haber verdad y justicia, porque ninguno ha dicho dónde están los desaparecidos, quienes son los uniformados y civiles involucrados con estos crímenes (...) el perdón no significa impunidad", señaló Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.