Los restos del fallecido presidente chileno Salvador Allende serán exhumados el próximo 23 de mayo,  en una diligencia considerada clave para esclarecer las causas de su  muerte, que según la versión más aceptada se debió a un suicidio,  confirmaron este viernes fuentes judiciales.
 El juez de la Corte  de Apelaciones de Santiago Mario Carroza, encargado de la investigación,  fijó hoy la fecha para realizar esta pericia, que se desarrollará en el  Cementerio General de Santiago.
 Según informó Radio Cooperativa, en la exhumación participará el forense español Francisco Etxeverría.
 Tanto las víctimas de la dictadura como la familia del mandatario  habían solicitado desenterrar los restos de Salvador Allende, fallecido  el 11 de septiembre de 1973 en el Palacio de la Moneda, durante el golpe  de Estado de Augusto Pinochet.
 Tras su muerte, el cuerpo de  Allende fue sometido a una necropsia antes de que sus restos fueran  trasladados a la ciudad costera de Viña del Mar, a 125 kilómetros al  noroeste de Santiago.
 En 1990, con la recuperación de la  democracia, el cadáver fue exhumado y trasladado de nuevo a la capital,  donde descansa hasta hoy en un mausoleo del Cementerio General. En esa  ocasión se le realizó además una segunda autopsia.
 Ahora, sin  embargo, la exhumación no irá acompañada de una nueva autopsia al  cadáver del mandatario socialista, sino que será sometido a peritajes  para tratar de determinar las causas de su muerte.
 De acuerdo a  Radio Cooperativa, en la diligencia participará un panel de expertos  del Servicio Médico Legal (SML), que incluirá al tanatólogo español  Francisco Etxeverría y a la jefa del Programa de Derechos Humanos del  organismo forense, Alejandra Jiménez.
 Etxeberría ha colaborado  en otros procesos para identificar en Chile a opositores de la  dictadura, entre ellos, a víctimas que habían sido enterradas en el  Patio 29 del Cementerio General de Santiago y que fueron mal  identificadas por el SML.
 Junto a ellos trabajarán también miembros del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones.
 La hija del presidente, la senadora socialista Isabel Allende, ha  señalado que la familia tiene la convicción de que se suicidó durante el  bombardeo al palacio presidencial, pero solicitó esta exhumación con el  fin de que la investigación "logre determinar, más allá de las  versiones, la verdad histórica".
 El caso de Allende se  encuentra entre 726 querellas por violaciones de los derechos humanos  que la Fiscalía presentó el pasado 26 de enero ante el juez Carroza,  correspondientes a situaciones que nunca antes habían sido investigados  por la Justicia. 
