Una de las marcas del gobierno de Dilma Rousseff en Brasil será la aproximación del gigante sudamericano a un asunto siempre relegado respecto de sus vecinos: la lucha por los derechos humanos violados durante la dictadura militar (1964-1985). En 2014, año en el cual la presidenta se jugará la reelección en la que es favorita en las encuestas, deberá presentar su informe la Comisión de la Verdad, instalada en 2012 para investigar los crímenes del terrorismo de Estado.
La Ley de Amnistía de 1979 sancionada por el propio régimen aún permite que los torturadores y matadores del régimen militar caminen por las calles libremente, pero es objetada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. La ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosario Nunes, concedió una entrevista a EL TELÉGRAFO para analizar el impacto que la sociedad brasileña tendrá frente a la apertura de los archivos del terror. Hace dos semanas apareció uno de ellos. El grupo mediático Globo, el más grande del país que domina la agenda informativa, las populares novelas y las principales ondas de radio y TV del país, admitió que apoyó al régimen militar, decisión a la que calificó como error. En ese punto la ministra sostuvo: los grandes medios de comunicación de Brasil fueron “participantes” de la dictadura militar instalada tras el golpe del 31 de marzo de 1964 que derrocó al presidente laborista Joao Goulart, muerto en 1976 en su exilio argentino.
El fallecimiento de Goulart por posible envenamiento en el marco de la Operación Cóndor de represión sudamericana será investigado con la exhumación del cadáver del exmandatario.
Esta medida forma parte de una nueva agenda -inédita- de derechos humanos generada por la presidenta Rousseff, quien combatió en la resistencia armada a la dictadura, fue presa política cerca de tres años y víctima de torturas durante 22 días seguidos.
EL TELÉGRAFO: El próximo año, en el cual la presidenta Rousseff se jugará la reelección, deberá presentar su informe la Comisión de la Verdad. ¿Cuál es la expectativa del gobierno?
Maria do Rosario Nunes: Brasil le ha dado un significado irrenunciable a la memoria y a la verdad, tanto en nuestro país como en el continente. Estamos convencidos de que habrá revelaciones importantes y que los comisionados, personas con biografía, estarán a la altura y podrán realizar la presentación de los trabajos sin dificultad.
¿La Comisión de la Verdad puede cambiar el rumbo jurídico de la dictadura ya que aún rige la Ley de Amnistía de 1979?
Brasil tiene una condena de la OEA que nos exige buscar desaparecidos y esa condena de la OEA nos indica la necesidad de un entendimiento para que la Ley de Amnistía no sea extensiva a los que aplicaron los crímenes de lesa humanidad como tortura en el régimen fascista. Ahí la competencia es de nuestro Supremo Tribunal Federal. Desde el punto de vista del gobierno, trabajamos para cumplir la sentencia de la Corte Interamericana.
El gobierno le dio impulso al caso del expresidente Joao Goulart, fallecido en el exilio. Se exhumarán sus restos para ver si fue asesinado por la Operación Cóndor. ¿Existen pruebas oficiales, documentos, en poder del gobierno?
Participamos de todas las instancias para investigar y discutir la articulación de las dictaduras en la Operación Cóndor. Goulart era monitoreado todos los días de su vida antes del golpe, fue perseguido en el exilio de Uruguay y Argentina. El gobierno recibió un pedido de la familia y desde entonces le dimos impulso a la exhumación de los restos para buscar sustancias usadas en la época por las dictaduras del Cóndor para cometer envenenamientos. Ya tenemos un mapa de los venenos usados.
Habrá peritos de Brasil, Argentina, Uruguay y la Cruz Roja Internacional. Pero si el resultado es que no hay veneno en restos examinados más de tres décadas después, eso no querrá decir que Goulart no fue víctima de asesinato. Las muestras serán guardadas para ser sometidas a nuevas tecnologías.
El diario O Globo asumió que fue un error haber apoyado el golpe de Estado contra Goulart. ¿Cómo recibió el gobierno esa declaración?
Muy positiva, me gustaría que todos los medios tuvieran ese coraje, así como en Sudáfrica la Comisión de la Verdad significó la posibilidad de una reconciliación nacional a partir de la sinceridad de los que cometieron errores, en Brasil sería positivo si militares y civiles que participaron de las torturas, presenciaron masacres, declaren públicamente frente a las familias de los muertos y desaparecidos. Nuestro problema es la falta de información. Aquí no hubo dignidad de los represores en asumir lo que hicieron, si se enorgullecen de lo que hicieron, que lo asuman.
¿Cuál fue el papel de los medios en la dictadura?
Los medios fueron participantes. El sector empresarial también. El diario O Globo debe ser elogiado por en este momento hacer pública esa posición del error.
Entidades de derechos humanos dijeron que el mea culpa llegó casi 50 años después...
Podría haber sido antes, creo que sí, podría haber contribuido con la democracia, a que tengamos más información, podría haber ayudado a realizar antes la Comisión de la Verdad. Pero aún tardío es mejor de los que se esconden bajo el manto de la Ley de Amnistía.
En su cuenta de Twitter usted fue uno de los ministros más activos cuando declaró como un ataque a la soberanía nacional el espionaje informático de Washington a Rousseff y a la empresa petrolera Petrobras. ¿Cuál es el grado de gravedad de que un país como Estados Unidos haya por ejemplo espiado hasta el Ipad de la propia presidenta de Brasil?
Gravísimo, dañino a los intereses nacionales. No se resume a motivos políticos el espionaje,
sino a intereses económicos y comerciales. Repudiamos esos intereses porque pensamos que las naciones soberanas tienen que tener relaciones de igual a igual.