La frontera sur mexicana tiene 370 cruces ilegales
En lugar de atender el creciente flujo migratorio de Centroamérica como una crisis humanitaria, Washington ve en esto una amenaza a su seguridad. Grandes cantidades de dinero, canalizadas sobre todo por medio de la Iniciativa Mérida, llegan a México desde Estados Unidos, para instalar retenes en Chiapas y Tabasco para detener a los migrantes indocumentados que intentan cruzar hacia territorio estadounidense, detalla un informe de la revista Proceso.
La frontera sur de México con Centroamérica es de 1.149 kilómetros y a través de sus 370 cruces informales solo en 2013 se internaron unas 250.000 personas. El gobierno federal estima que 41% de ellas venían de Guatemala, 32% de Honduras y 19% de El Salvador.
En lo que va de 2014 el Instituto Nacional de Migración (INM) y otros organismos nacionales e internacionales dieron atención a 11.000 niñas y niños migrantes, más de la mitad no iban acompañados.
Los policías federales iniciaron la ‘cacería’ en los cerros, narra a Proceso el sacerdote Tomás González, máximo responsable del albergue La 72. Los oficiales y agentes de migración escondidos en la selva paran el tren de carga, conocido como ‘La Bestia’, en Boca del Cerro, Tabasco, tomando por sorpresa a los centenares de migrantes que viajaban en su lomo.
Durante las 2 primeras semanas de julio los retenes se multiplicaron en las carreteras tabasqueñas, bajando a los viajeros de los carros o de los autobuses con el apoyo del Grupo Beta, cuya misión es dar asistencia a los migrantes. Desde entonces entre 2 y 3 autobuses llenos de migrantes parten diariamente del centro de detención de Tenosique rumbo a Centroamérica, asevera González.
Los operativos coincidieron con el lanzamiento del Programa Frontera Sur, anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 7 de julio durante un encuentro con su par guatemalteco Otto Pérez Molina, en Catazajá, Chiapas, y al día siguiente con la creación de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur.
Al anunciar su programa, Peña Nieto destacó la apertura de 5 ‘centros de atención integral al tránsito fronterizo’, es decir garitas.
La semana siguiente el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que el gobierno mexicano endurecería su política migratoria e impediría a los migrantes subirse al tren, por su seguridad. “No podemos permitir que entre a nuestro territorio quien no tenga los documentos”, precisó en entrevista con Radio Fórmula el lunes 11 de julio. Cuatro días después nombró al senador tabasqueño Humberto Mayans Canabal, titular del nuevo órgano institucional.
No obstante, hay quienes critican esta medida. Diana Martínez, encargada de la dirección de la organización Sin Fronteras para la frontera sur, dice a Proceso que impedir a los migrantes subirse al tren creará un cuello de botella en Chiapas y Tabasco, donde no hay capacidad de atención médica o humanitaria para los migrantes. “Nos preocupa que en algún momento esto explote como una olla de presión”.
Agrega que impedir el acceso al tren, solo encarecerá el costo del viaje hacia la frontera con Estados Unidos.
El sacerdote Ramón Verdugo, del albergue Todos por Ellos, coincide con esta lectura y añade que restringir el acceso al tren enriquecerá a los traficantes de indocumentados y obligará a los migrantes a hacer lo imposible para pagar las cuotas, arriesgando sus vidas.
“Los operativos no son nada nuevo”, explica a Proceso el director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías Córdova en Tapachula, Diego Lorente, al explicar que desde hace más de un año el gobierno designó a Tapachula base regional de la Policía Federal (PF), lo que implicó el despliegue de 400 uniformados y la llegada de militares “en un número que desconocemos”.
El gobierno mexicano recibe recursos de EE.UU. para intensificar sus medidas de seguridad a través de la Iniciativa Mérida. Este año habría recibido $112 millones del equipo de investigadores estadounidenses de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA).
Miembros de la sociedad civil aseveraron que el gobierno federal realiza el ‘trabajo sucio’ de EE.UU. con sus nuevos operativos. “Admiro la habilidad del gobierno mexicano de sacarle dinero a Estados Unidos mediante la Iniciativa Mérida; de darle atole con el dedo”, comenta Solalinde, respaldado por Tomás González, quien dice que Peña Nieto hace “de forma cínica el trabajo sucio de Barack Obama (presidente estadounidense)”.