La Policía de Colombia está indagando si existen nexos entre las bandas criminales y las empresas privadas que prestan servicios de salud en el país, dentro de las investigaciones por corrupción en ese sector, reveló este lunes el director de esa institución, el general Óscar Naranjo.

"Estamos avanzando para probar la conducta de particulares, de funcionarios y exfuncionarios (de la salud), que podrían tener contactos con esas bandas criminales", dijo Naranjo durante una rueda de prensa en Bogotá, sin dar más detalles.

Recordó que en 2006 "se probó" que los paramilitares, cuyo accionar han copiado las nuevas bandas criminales que delinquen en el país, "habían corrompido y secuestrado la administración de los sistemas de salud en la costa norte colombiana", principalmente en los departamentos de La Guajira y Cesar.

Estas investigaciones se producen después de que el jueves pasado el Gobierno decidiera intervenir por irregularidades financieras la mayor empresa de servicios sanitarios de Colombia, Saludcoop, que tiene cuatro millones de afiliados.

La intervención de Saludcoop afectó a todas las propiedades y negocios de esa empresa, la más grande EPS, como se denomina en Colombia a las empresas privadas que prestan servicios de salud a los ciudadanos mediante contratos con el Estado y suplen de esa manera a la Seguridad Social, y que son distintas a las que dan seguros médicos privados.

Ese sistema se derivó de la privatización del sector público de la salud en 1993, cuando quedaron en manos del Estado únicamente los servicios médicos dirigidos a las personas de muy bajos recursos.

Hace dos semanas, la Contraloría General (tribunal de cuentas) advirtió que las irregularidades halladas en Saludcoop iban a causar un detrimento patrimonial al Estado.

La intervención a esta EPS sigue al descubrimiento de un desfalco millonario en el sector de salud del que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó el pasado 2 de mayo.

El Estado colombiano aporta a la salud un 6 por ciento del producto interior bruto (PIB), más de 15.500 millones de dólares, fondos que en buena parte van dirigidos al pago de los contratos con esas empresas privadas.