La libre circulación de personas por la Europa sin fronteras Schengen puede interrumpirse temporalmente en el caso de que se dé "una serie amenaza al orden público o a la seguridad interior", según dice el texto del acuerdo.

Los Gobiernos de Francia e Italia propusieron este martes modificar el Tratado de Schengen, que establece la libre circulación de personas, como consecuencia de la actual crisis migratoria por el flujo de indocumentados del norte de África.

Desde que entró en vigor en 1985, y a petición unilateral de alguno de sus miembros, el acuerdo se ha interrumpido momentáneamente por motivo de la celebración de grandes acontecimientos, desde bodas reales hasta importantes eventos deportivos pasando por cumbres internacionales.

Así, por ejemplo, el país que alberga cada año la final de la Liga de Campeones puede suspender momentáneamente el acuerdo y hacer controles en la frontera con su país vecino con el objetivo de controlar el flujo masivo pero puntual de los hinchas de los equipos.

Fue esa cláusula de salvaguarda de "seria amenaza al orden público o a la seguridad interior" en la que Francia se amparó para suspender la circulación de trenes desde Ventimiglia hacia el país galo el domingo 16 de abril.

A raíz de este episodio, París ha manifestado públicamente su voluntad de reformar el acuerdo Schengen para incluir medidas de protección extraordinarias, como la restitución de controles fronterizos internos para el caso de situaciones particulares.

En un consejo extraordinario de ministros de Interior el próximo 12 de mayo, los Veintisiete tratarán la posibilidad de reformar el acuerdo para incluir la posibilidad de controlar de forma interna las fronteras en el caso de "flujos migratorios masivos" como los resultantes por las protestas en el norte de África.

El acuerdo Schengen implica la supresión por parte de los Estados firmantes de todas las fronteras interiores pues en su lugar se establece un único control exterior con respeto a los terceros países.

Así, dentro de este grupo de países se garantiza la libre circulación de personas, que se regula con la aplicación de procedimientos y normas comunes en lo referente a los controles fronterizos, emisión de visados o las solicitudes de asilo.

Sin embargo, después de que Italia otorgase permisos de residencia temporal a varias decenas de miles de tunecinos llegados a la isla de Lampedusa, Alemania, Holanda y Bélgica han reintroducido las teóricamente extinguidas fronteras interiores tras alegar que Italia actuó contra la "bona fide" que presume Schengen a sus participantes pues con los permisos los inmigrantes ilegales se pueden mover libremente por todos los países.

El acuerdo dispone que en todas las fronteras se realizará el mismo examen y se exigirá la misma documentación y requisitos a los entrantes.

Esa armonización tiene su sentido en que cuando una policía de fronteras nacional hace un control no solo vela por la seguridad de su país sino también por la de cualquier otro Estado miembro al que el recién llegado pudiera desplazarse.

Forman parte del acuerdo Schengen la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea -incluida España, que se adhirió en 1991-, con excepción de Reino Unido e Irlanda.

También participan otros países extracomunitarios como Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein (así como de facto los microestados de Mónaco y el Vaticano).

Chipre, Bulgaria y Rumanía participan parcialmente de Schengen pero aún no son miembros de pleno derecho.

El acuerdo prevé un sistema de información que interconecta las bases de datos de los Estados y así cooperar en materia judicial y de control en las fronteras, obtener información sobre personas u objetos (matrículas de coches robados, por ejemplo).

Este sistema y los requisitos técnicos que exige a los Estados participantes es precisamente la causa por la que Bulgaria y Rumanía todavía no han pasado el examen de acceso a la zona Schengen.