El  Departamento de Estado informó en un comunicado de que todas las cuentas  y propiedades que Ternera, prófugo de la justicia española desde 2002,  pueda tener en territorio estadounidense quedan congeladas, en virtud de  la Orden Ejecutiva 13224, contra terroristas y aquellos que ofrecen  apoyo a actividades terroristas.
 Esta norma prohíbe además a  cualquier ciudadano estadounidense tener cualquier relación comercial  con él. "Esta acción ayudará a detener el flujo de asistencia financiera  y de otro tipo a este dirigente de ETA", indicó el Departamento de  Estado en un comunicado.
 EEUU ya había señalado a ETA como  grupo terrorista en 1997. La organización terrorista, que anunció el  pasado octubre su renuncia a la lucha armada, es responsable de la  muerte de más de 800 personas desde que comenzó su actividad criminal en  1968.
 El Departamento de Estado señala que Ternera "ha jugado  un papel decisivo en las actividades terroristas de ETA durante  décadas, tanto desde la cárcel, donde pasó más de diez años y durante  más de una década como prófugo de la justicia".
 Ternera es buscado por cargos de terrorismo y el asesinato de 11 personas.
 Como miembro de ETA, el Departamento de Estado subraya que ha  participado de asesinatos, atentados, así como en actividades de  reclutamiento, capacitación y apoyo logístico a una organización  terrorista.
 Este histórico terrorista nacido en diciembre de  1950 en la localidad vizcaína de Miravalles, se encuentra en paradero  desconocido desde noviembre de 2002, cuando debía comparecer ante el  Tribunal Supremo en Madrid.
 Ternera no acudió a esa cita, a la  que había sido convocado para oficializarle su imputación por un  atentado cometido en 1987, cuando era el máximo dirigente de ETA.
 Ingresó en la organización terrorista con 20 años en 1970 y en la década siguiente accedió a la dirección.
 Condenado en Francia a diez años de cárcel en 1990, fue entregado a  España en 1996 y permaneció en prisión preventiva hasta el año 2000  cuando salió en libertad sin cargos.
 Al año siguiente, la  Audiencia Nacional lo inculpó como responsable de la asociación Ekin y  en 2002 -cuando se dio a la fuga- como presunto inductor del atentado  contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, en el que  murieron once personas.
 El pasado septiembre, el Departamento  de Estado incluyó en la misma lista negra al etarra Jurdan Martitegui  Lizaso, considerado jefe militar de la organización.
 En marzo  había hecho lo mismo con los también dirigentes de ETA Miguel de  Garikoitz Aspiazu, alias "Txeroki", y José Ignacio Reta de Frutos. 
