Decenas de miles de chilenos se manifestaron ayer en las principales ciudades del país, en vísperas de cumplirse el 40 aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, para exigir el esclarecimiento de lo ocurrido en la dictadura y el castigo a los violadores de los derechos humanos.
La marcha callejera multitudinaria tuvo lugar en Santiago, donde, según fuentes policiales, unas 30.000 personas secundaron la convocatoria de la Asamblea Nacional de los Derechos Humanos, que congrega a familiares de víctimas y grupos sociales y de izquierda.
Los manifestantes, que portaban retratos con los rostros y los nombres de personas asesinadas, recorrieron los cuatro kilómetros que distan entre la céntrica avenida Alameda y el Memorial del Ejecutado Político y el Detenido Desaparecido, en el cementerio general.
La marcha, que estaba autorizada, transcurrió pacíficamente hasta que, al llegar a las inmediaciones del cementerio, se registraron disturbios protagonizados por algunos jóvenes que instalaron barricadas y arrojaron piedras y cócteles molotov.
La Policía usó gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar a los encapuchados; además detuvo a varias personas aunque, por el momento, se desconoce el número.
Dirigentes sociales consideraron que la actuación de la Policía fue desmedida y arbitraria. El exlíder estudiantil y actual candidato a diputado por Santiago, Giorgio Jackson, denunció la “represión policial” de la marcha pacífica. Mientras que Alicia Lira, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, manifestó que 40 años después del golpe, la Policía sigue reprimiendo a los jóvenes en la calle.
Este año, el principal acto de homenaje a las víctimas de la dictadura estuvo precedido de una serie de gestos y pronunciamientos a favor de la reconciliación.
La Asociación de Magistrados de Chile, la más importante del país, pidió perdón por sus “acciones y omisiones” durante el régimen militar, mientras que la Corte Suprema reconoció “que no hizo lo suficiente en la dictadura”, pero evitó hablar de perdón.
Por su parte, el presidente chileno, Sebastián Piñera, denunció que el Poder Judicial y los medios de comunicación no hicieron nada para frenar las atrocidades ocurridas en el régimen del general Augusto Pinochet.
Pero a juicio de las víctimas, nada de esto es suficiente mientras no se establezca la verdad histórica de lo sucedido y los tribunales apliquen con rigor la ley a todos los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
“Nosotros no estamos obligados a perdonar. En vez de que pidan perdón, lo que nosotros queremos es que se empiece a hacer justicia y se reconozca la verdad de lo que ocurrió en este país”, declaró Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, una de las organizaciones convocantes de la marcha de ayer.
Pizarro exigió que el Parlamento apruebe leyes que pongan fin a un Estado que, a su juicio, “no es verdaderamente democrático y que vive bajo una constitucionalidad autoritaria”, en referencia a la actual Carta Magna que, aunque ha sido reformada varias veces, fue redactada y aprobada en el gobierno militar.