El juez que instruye el caso de corrupción en el que está imputado Iñaki Urdangarin, yerno del Rey de España, impuso una fianza de responsabilidad civil de 8,1 millones de euros (casi 11 millones de dólares) a éste y a su ex socio Diego Torres, también imputado.
La fianza busca cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias que puedan declararse en este caso que investiga el desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, una entidad supuestamente sin ánimo de lucro que presidió Urdangarin, casado con la hija menor del Rey, la infanta Cristina.
La cifra se ajusta a la que habían solicitado tanto la Fiscalía española como la acusación popular, que ejerce un sindicato llamado Manos Limpias.
El magistrado José Castro advirtió a Urdangarin y a su ex socio de que procederá al embargo de sus bienes en caso de que en el plazo de cinco días no depositen la fianza.
Ayer, martes, el juez citó a declarar a Carlos García Revenga, secretario de las hijas del rey Juan Carlos, las infantas Elena y Cristina, como imputado en este caso de supuesta corrupción.
García Revenga deberá declarar el próximo 23 de febrero, el mismo día en que está citado también Urdangarin.
El secretario de las infantas, que fue tesorero de Nóos, se proclamó inocente el pasado 24 de enero mediante un comunicado.
El delito fiscal es el quinto por el que están imputados Urdangarin y Torres en esta causa, y se añade a los de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad y fraude a la Administración.
En este caso se investiga el supuesto desvío de unos 6,1 millones de euros procedentes de las administraciones regionales de Baleares y Valencia al Instituto Nóos entre los años 2004 y 2007.