El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó una resolución contra Nicaragua por la represión violenta de las protestas de 2018.
La medida insta al régimen de Daniel Ortega a poner en libertad a los detenidos de forma arbitraria y a reanudar la cooperación con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además, “respetar los derechos a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión, así como la independencia de la prensa y del poder judicial”.
Aprobada con 23 votos a favor, tres en contra (Cuba, Egipto y Eritrea) y 21 abstenciones, “exhorta al Gobierno a que reanude su cooperación con la Oficina del Alto Comisionado” para los Derechos Humanos, así como con la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La represión ha producido, además, 300 muertos y 2.000 heridos. (I)