El Ministerio de Justicia de Puerto Rico anunció hoy que desmontó una estructura integrada por 38 empleados corruptos en los Centros de Servicios al Conductor (Cesco), Hacienda y el municipio de San Juan.

La estructura de corrupción, a la que también pertenecía un agente de la policía puertorriqueña adscrito al área norte de Bayamón, municipio contiguo a San Juan, tenía como objetivo eliminar infracciones de tránsito, alterar licencias de conducir y cambiar las categorías sin los debidos procedimientos de ley.

La portavoz del Ministerio de Justicia, Amber Lee Vélez, explicó que se expidieron órdenes de detención contra 23 empleados de Cesco en siete municipalidades, tres de Hacienda, varios del ayuntamiento de San Juan y el agente policial, arrestado en su centro de trabajo.

Los integrantes de la banda se exponen a ser procesados judicialmente por 164 cargos de fraude y corrupción, explicó Vélez, quien recordó que en marzo del año pasado fueron imputados cinco funcionarios de los Cesco y un número similar de gestores particulares.

"Este tipo de acción es reprochable no tan sólo porque desvía la llegada de dinero a las arcas gubernamentales, sino porque pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos al permitir que aquellos que en algún momento infringieron la ley continúen haciéndolo sin consecuencias", expresó el ministro de Justicia, César Miranda.

Manifestó que también se ha otorgado licencias a personas no autorizadas como conductores o chóferes, ya que ni siquiera han tomado el examen teórico o práctico, poniendo en peligro la seguridad en las carreteras del país.

Los que obtenían licencia de chófer categoría 9 podían conducir camiones de arrastre de furgones, lo que es harto peligroso, destacó.

Los tres empleados del Ministerio de Hacienda estaban a cargo de un esquema consistente en cobrar la mitad de las multas impuestas con el fin de eliminarlas del sistema computarizado.

El dinero cobrado, cuyo monto no se precisó, era repartido entre los empleados corruptos y los gestores particulares, labor que hacía también el policía Antonio Valentín Rosario, según la pesquisa del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), adscrito al Ministerio de Justicia.

La fiscal Fabiola Acarón, de la División de Crimen Organizado del NIE, presentó los cargos contra las 38 personas, entre ellas varias mujeres, por delitos de fraude, falsificación de registros electrónicos, soborno, apropiación ilegal y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. (I)