´Tras la resolución del Tribunal Constitucional español, que suspendió la Ley de Consultas y la convocatoria para el referéndum soberanista de Cataluña previsto para el 9 de noviembre, se debaten diversos escenarios políticos que van desde unas elecciones plebiscitarias hasta una declaración unilateral de secesión de España, estiman analistas.

Josep Maria Reniu, miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional, en declaraciones para EL TELÉGRAFO, explica que “la ley y el decreto están suspendidos cautelarmente, no anulados. No son ilegales. El Parlamento y el Gobierno ahora presentarán sus alegaciones y pedirán el levantamiento de la suspensión, aunque imagino que se lo denegarán”. El Gobierno catalán, ante la suspensión cautelar de la ley y el decreto, puede seguir con los preparativos del 9 de noviembre sin que tengan efectos jurídicos y continuar con los pasos en dirección a la consulta ante un posible levantamiento de dicha suspensión. “El problema es que el debate no es jurídico. El mismo recurso de Mariano Rajoy al Constitucional es una decisión política. Jurídicamente la ley es impecable, se ajusta a la constitución, y la convocatoria incluye el artículo 2 del estatuto en el que se intenta conocer la opinión de los ciudadanos para tener conocimiento de la situación”, advierte Reniu.

En cuanto a los escenarios futuros, el vicedecano y analista político de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, Xavier Ginesta, cree que “Cataluña ahora se enfrenta a diversos escenarios políticos, no jurídicos”. Con la suspensión de la consulta, Cataluña ahora puede escoger distintos caminos, “en la mayoría de los casos orientados a la desobediencia civil. Las leyes se construyen gracias a la desobediencia civil y a la voluntad de la ciudadanía”. El camino lógico estaría dirigido hacia unas elecciones plebiscitarias donde los partidos pro-independencia se unieran en coalición y, en el caso de victoria, declarar unilateralmente la secesión de España, añade el analista.

Sin embargo, “en ningún caso habría la posibilidad de ingreso en prisión por parte de ninguna autoridad política de Cataluña, como se ha rumoreado en distintas ocasiones. “Imposible, en ningún caso habría presos políticos. Eso podría ser una buena imagen para la prensa, pero no es lógico”, comenta Ginesta. Por su parte Reniu admite que “el Gobierno español tiene dos herramientas legales. La primera, tras el caso omiso de Mas, convocar al senado para imponer una ley sobre una determinada actuación. Si no se atuviera a esa ley, se podrían retirar competencias autonómicas. Y la segunda herramienta sería declarar el Estado de Excepción, algo que parece absurdo en un contexto europeo democrático y ante una situación del 80% de la población pidiendo ejercer el derecho de voto”.