El Gobierno argentino y el Grupo Clarín presentaron el martes sus respectivos argumentos ante la Cámara en lo Civil y Comercial Federal luego de la apelación del multimedio al fallo de primera instancia del juez Horacio Alfonso, que avaló la constitucionalidad de los artículos cuestionados de la Ley de Medios.

En su presentación, el gobierno, a través de la Jefatura de Gabinete, la Procuración del Tesoro y la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), respaldó el fallo, aunque criticó que el magistrado considere como partícipe del expediente a Clarín. “La empresa no tiene legitimidad para actuar porque no tiene la titularidad del conjunto de las licencias que explota”, explicó el titular de la Afsca, Martín Sabbatella.

Además, advirtió que buena parte de las licencias que posee el multimedio están a nombre de otras sociedades, por lo que no sufriría “agravios” directos con la aplicación plena de la ley.

En su apelación, el Grupo Clarín alegó la “arbitrariedad” del dictamen que, a su juicio, “no tomó en cuenta” todas las pruebas presentadas en los más de 3.000 folios del expediente. De igual manera, consideró que el juez no analizó los supuestos “perjuicios para el mercado audiovisual y la libertad de prensa” que implican, los artículos 161 y 45 de la ley.

La ejecución del artículo 45 reducirá de 237 a 24 las licencias de Clarín, según un informe oficial. La ley también ordena a otros grupos empresarios, entre estos proveedores de servicios públicos, a desprenderse de medios.

Este artículo se combina con el 161, llamado cláusula de desinversión, que dio un año para cumplir con la norma, a partir de que se establecieran los mecanismos de transición. Según datos de la Afsca, Clarín excede la cuota de 35% de licencias del mercado, ya que posee el 41% de radio, el 38% de la TV abierta y el 59% de la TV por cable. 

Mientras continúa la batalla legal, la aplicación de la ley sigue en suspenso pese al fallo de primera instancia, ya que en diciembre pasado la Corte Suprema de Justicia avaló la prórroga de la medida cautelar que mantiene inaplicable la norma para el Grupo Clarín.