Se presumía que, desde el enfoque de la economía ortodoxa empresarial, la gestión privada contribuiría a aumentar la eficiencia de las actividades económicas y a reducir el tamaño del Estado, además de atender a la demanda insatisfecha que, desde lo público, no abastecía a la población, como fue el caso de la educación, la salud, las telecomunicaciones, entre otros sectores. En el Ecuador, desde el retorno a la democracia y la inauguración de una agresiva campaña de modernización del Estado, la administración de lo público sufrió un menoscabo (e inclusive un estigma) de sus capacidades, lo cual ponderó el papel del sector privado en la economía, aún cuando al Estado le costó enormes transferencias de recursos públicos para subsidiar la inoperancia de la empresa y la banca privada, como fue la sucretización en el Gobierno de Oswaldo Hurtado o el salvataje bancario en el de Jamil Mahuad.

La idea era muy simple para asumir a la empresa privada como el sector más eficiente de la economía que resolvería los problemas: el lucro individual induciría a las empresas a ampliar la actividad y la competencia las obligaría a transformar sus ingresos en servicios efectivos. Como era perfectamente previsible, por tratarse de actividades necesarias (salud, vivienda, educación), las entidades adquirieron un claro poder monopólico que las lleva a una actitud muy distinta. Sus acciones se orientaron a captar los usuarios y, luego, a entregar los servicios o beneficios que les reportan la máxima ganancia.

El caso ecuatoriano refleja un proceso de modernización tardía de la economía nacional, es decir, el conjunto de reformas estructurales en el sentido del Consenso de Washington comenzó, recién, a inaugurarse de manera acelerada a partir de 1992, con el Gobierno del Sixto Durán Ballén (1992-1996), quien logró, finalmente, racionalizar, proponer y, discutiblemente, obtener la aceptación del país para el nuevo paradigma neoliberal del Consenso. Así se inició un proceso de apertura de la economía y fortalecimiento de los mercados, que debilitaba a su vez insistentemente al sector público y rechazaba todo lo que escapara a la lógica de mercado.

En 1993 se aprobó la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la iniciativa privada, que estableció el marco jurídico para las privatizaciones de las empresas estatales. Con esta ley se inauguró el Consejo Nacional de Modernización (CONAM), organismo encargado de controlar e implementar las reformas estructurales neoliberales. En el mismo año se creó una nueva Ley de Régimen del Sector Eléctrico, así como la Ley de Telecomunicaciones, orientadas a romper el monopolio del Estado en el suministro de estos servicios públicos y a atraer inversión privada a dichos sectores.

Por lo tanto, el reto de la economía no está en generar zonas francas de salud o privatizar sectores como el de educación, pues son servicios que no pueden estar administrados por el lucro privado. El reto es fortalecer y recuperar lo público.