Cerca de la residencia de una universidad en Québec, Canadá, era común observar anuncios en los que se ofrecía dinero a jóvenes saludables entre 18 y 45 años, interesados en “contribuir a la ciencia” y que tuvieran tiempo libre. Estos avisos eran colocados por empresas reclutadoras de voluntarios para participar en pruebas de medicamentos realizadas por compañías farmacéuticas antes de salir al mercado. En 1998, el uruguayo Roberto Abadie vio uno de esos carteles y decidió probar suerte, pues le habían dicho que era una forma de obtener ‘dinero fácil’. Abadie se sometió a prueba para 2 medicamentos. Uno de ellos no había sido antes probado en humanos. La prueba duró 10 días y recibió $ 400 por la participación. El uruguayo siguió con sus estudios en Antropología y Bioética en Estados Unidos y hasta 2001 nunca había pensado en estudiar a fondo la situación en la que él intervino. En ese año, la muerte de una estudiante estadounidense, Ellen Roche, causó escándalo pues falleció después de someterse a una de estas pruebas. Ese fue el punto de partida de la investigación El Conejillo de Indias Profesional, publicada en Estados Unidos en 2010. Se trata de un estudio etnográfico sobre sujetos que recibieron un pago por someterse a pruebas clínicas entre julio de 2003 y diciembre de 2004 en Filadelfia. Actualmente, Abadie es investigador Prometeo en Ecuador y hace unas semanas presentó en Quito la primera edición en español de su estudio. En una entrevista con EL TELÉGRAFO, Abadie revela los datos más importantes.

¿Quiénes son los voluntarios y en qué fase de las pruebas participan?

Cuanto más pobre más expuesta está una persona a participar en estas pruebas. Los medicamentos primero son probados en ratas y perros, después se ensayan en un grupo de voluntarios sanos para demostrar que es un medicamento seguro y no tóxico.

En la actualidad, ¿cómo reclutan a la gente y bajo qué condiciones se realizan estas pruebas?

Las farmacéuticas contratan otras empresas para que recluten ‘voluntarios-pago’ que quieran participar en la prueba de algún medicamento. Tienen muchos mecanismos: hacen llamadas o mandan emails. En ocasiones los voluntarios reciben un bono de reclutamiento si llevan a un amigo que también quiera participar. En Filadelfia, donde están las farmacéuticas más grandes del mundo, los lugares de las pruebas parecen, en parte, un hotel y, en parte, un hospital. Tienen mesas de billar, conexión a Internet, baño privado. Ellos (las farmacéuticas) compiten por atraer sujetos, entonces deben darles un buen trato. Si la gente no va, no hay test. Si no hay test, no se aprueba el medicamento, y si no se aprueba, no hay negocio.

El estudio recoge testimonios de personas sometidas a pruebas clínicas, ¿podría mencionar alguno?

Una de mis entrevistadas decía que no le gusta la industria farmacéutica y que prefería sanarse con medicamentos naturales, pero incluso así, se sometió a varias pruebas. “Odié participar, pero me volví adicta al dinero fácil”, me confesó. Estar ‘hospitalizado’ una semana, y salir con $ 1.000 es tentador. Hay gente que lo hace una vez para pagar un viaje, una casa o un carro. Otros, al no tener acceso a la educación, ser ‘conejillos de Indias’ se vuelve una aspiración. Es una forma de decir que su cuerpo es su capital.

¿Es justo el pago que reciben los sujetos por someterse a esas pruebas? 

La forma en la que la industria estructura el pago es muy injusta y antiética porque los fuerzan a quedarse en un test clínico en el que no quieren participar porque los riesgos son mayores de lo que esperan. A veces leyendo un papel (el acuerdo para realizar las pruebas), es difícil imaginarse lo que va a pasar. Por ejemplo, una cosa es que la carta de compromiso diga que un posible efecto secundario será un dolor de cabeza o mareo, pero otra cosa es que ese dolor sea severo y persistente durante todo el test. Además, la persona no pueden abandonar el estudio porque perdería mucho dinero. Es una práctica abusiva y explotadora. Por otro lado, los voluntarios no quieren participar en test psicotrópicos o antidepresivos, pero la industria no piensa en eso y les ofrece más dinero a cambio. No es ético, pero así es la economía.

¿Cuál es su mayor preocupación con estos ensayos?

Lo que me preocupa son los riesgos a largo plazo. Como (los voluntarios) tomaron medicamentos antes, su cuerpo ya no es neutro y está expuesto a muchas cosas. Es como un fumador que no piensa en el cáncer que podría tener (en el futuro). Ni la industria ni los individuos quieren pensar en eso. Además, son adultos y nadie les obliga a hacerlo. Ellos podrían trabajar en McDonald’s, pero ser ‘conejillos’ es más rentable.

¿Está de acuerdo en que se hagan estas pruebas con humanos?

Sí, así tiene que ser. El escándalo no es que usemos personas sanas para probar los medicamentos sino que se las exponga a riesgos innecesarios y que no se las compense como se debería. El problema es que no hay regulación, que no se sepa si están participando en más de un test clínico a la vez o si están respetando el período de un mes que tiene que haber entre un test clínico y otro. No hay un registro que permita esa vigilancia.

¿Cuál es la situación en otros países? 

En Inglaterra sí hay un registro. Se lo hizo después de que 4 pacientes quedaran en coma durante varios meses. A partir de eso, Europa y la industria farmacéutica se dieron cuenta de que los ‘conejillos de Indias’ financiaban sus consumos con los test clínicos que se hacían en diferentes países. Eso está mal porque mezclar medicamentos no es lo correcto, incluso para confirmar la validez de lo que se está probando. 

¿Qué impacto tuvo la publicación de su estudio en Estados Unidos? 

Ninguno. Esperaba más hostilidad de las farmacéuticas porque es una crítica a esa industria y al uso que hacen del dinero como mecanismo de reclutamiento de gente pobre y necesitada que prueba medicamentos que después no los va a consumir porque cuando salgan al mercado no podrá comprarlos. La mayor parte de gente de mi investigación no tenía ni un seguro de salud. Es un problema ético. Según la retórica de las farmacéuticas, lo que hacen es por el bienestar de la sociedad, pero en verdad, mucho de lo que se produce son ligeras porciones de cosas que ya están en el mercado. 

 Reportaje realizado por Time Magazine

¿Los voluntarios tienen alguna forma de reclamar por sus derechos? 

Los ‘conejillos de Indias’ son muy vulnerables porque se ven como trabajadores de una industria y no como una comunidad. Es similar a lo que pasa con los migrantes sin documentos, viajan de un cultivo a otro y no pueden organizarse para reclamar sus derechos. Esto no pasa con los mineros, por ejemplo. Ellos se han organizado y eso les ha permitido hacer que el Estado y las empresas mejoren sus condiciones de trabajo.

¿Actualmente quién verifica el proceso de pruebas médicas? 

Hay juntas de revisión institucional que comprueban que las leyes estén de acuerdo a lo que dice la bioética, pero que se practique lo que está escrito es otra cosa. En Estados Unidos hay juntas que están pagadas por la industria farmacéutica y que le dicen sí a todo. Por ejemplo, una vez, en un año se aprobaron 2 mil protocolos, es decir, uno se podía aprobar en 15 minutos y eso deja algunas dudas.

¿Es posible tener un comité independiente? 

Sí, por ejemplo, el modelo de Philadelphia Fight, que es una organización comunitaria que hace test de VIH en pacientes pobres, en general, negros y latinos. Su comité de ética tiene médicos de la comunidad, activistas y pacientes. Cuanto más amplio, inclusivo y transparente, es mejor el comité. Si está en manos privadas que le dicen sí a todo, no es correcto. 

¿Qué recomendaciones haría para garantizar pruebas más seguras? 

He propuesto la creación de un registro de pacientes para Estados Unidos. Mi idea es tener una organización no gubernamental. Mi trabajo hizo que la industria se dé cuenta de que eso (no tener un registro) no debía pasar, no por la salud de los voluntarios, sino por la validez de los resultados y más que nada por el escándalo público. Es un problema jurídico y financiero porque esos pacientes tienen que ser indemnizados. La industria no piensa, en general, en lo que es bueno y ético, sino en cuánto cuesta tener ese registro.

¿Cuál es la importancia de su estudio para un país como el Ecuador?

En el marco del cambio de la matriz productiva, estoy seguro de que el Estado ecuatoriano quiere apoyar a la industria farmacéutica, que se caracteriza por el valor agregado de su producción. La mayor parte de esa industria va a ser genérica y por eso habrá que hacer test de bioequivalencia para ver que un medicamento tenga las mismas propiedades que el original. Entonces, el Estado tiene que saber quiénes van a ser los ‘conejillos de Indias’, cómo los van a reclutar, si van a pagar a los voluntarios de una forma injusta o si eso mejorará.