El presidente Allende decía que el cobre es el pan de los pobres. ¿Qué pasó en Chile con el despegue de la minería y el rol que asumió el Estado?

Permitió construir el crecimiento del país en los últimos 40 años. La minería a gran escala empezó a desarrollarse a partir de los años setenta en manos del Estado, cuando el presidente Allende nacionalizó la extracción de cobre en 1971. A partir de los años noventa, el sector se abre a la inversión extranjera, lo que generó un cambio significativo en el desarrollo económico de Chile

¿Cómo se miden esos resultados?

En 1990 Chile tenía el 35% de pobreza y ahora el 12%; el ingreso per cápita bordeaba los 3.000 dólares como en todos los países latinoamericanos, pero empieza a subir desde 2000 con el progreso del sector y el encadenamiento productivo. Hoy nos acercamos a un ingreso de  18 mil dólares, lo cual nos permite avanzar rápidamente a ser un país desarrollado. De hecho, el desafío de Chile es llegar en esta década a ese nivel, lo que significa tener un índice de pobreza mínimo y un ingreso per cápita de 25 mil dólares y hacia allá apuntamos.

¿Un cambio en función de la minería?

Sí, de su desarrollo, en función de una política estudiada y diseñada para que esto ocurra. No es por azar. En 1990 se decidió abrir las puertas a la inversión extranjera y se empieza a registrar un incremento impresionante, llevándonos, de un país competidor a la media con otros productores de cobre, a ser el principal, con 35% de producción del metal rojo a escala mundial. El impacto en una economía pequeña como la nuestra –que es muy similar a la de Ecuador– es muy grande, con inmensos beneficios en la reducción de la pobreza y un empleo pleno, porque el desempleo está por debajo del 5%.
La actividad logra posesionarse con el 20% o el 25% de los ingresos nacionales y generar el 20% del PIB.

¿Qué pasó en el tiempo de Pinochet?

En esa época, los precios de los metales, del cobre eran muy bajos, menos de un dólar. La minería se desarrolló muy poco a cargo del Estado y no pasábamos de un millón de toneladas. Pero con el advenimiento de la democracia en 1990 se produce el cambio, aunque se suman factores como el alto precio de los metales en el mercado. Así, el interés por invertir en minería aumentó y nosotros aprovechamos la oportunidad.

Nuestros países son pobres, con recursos naturales y oportunidades y actualmente, la minería está dando una ocasión a América Latina, especialmente a Chile,  Perú, Ecuador y Colombia. No podemos estar ausentes, debemos participar, ayudarnos para contribuir a eliminar la pobreza, que es lo que finalmente quieren todos los gobiernos.

¿Esta oportunidad cómo se debe aprovechar?

Extrayendo la riqueza y transformándola en activos que beneficien a la comunidad. Mientras tengamos el cobre, el oro y la plata bajo tierra no beneficiará a nadie. Si logramos sacarlos, procesarlos y venderlos, habrá ingresos para invertirlos en programas sociales. En Chile, la minería genera entre 13 mil y 14 mil millones de dólares al año, con los cuales se llevan  adelante políticas públicas, como la que hicimos en el Gobierno de Michelle Bachelet en favor de las mujeres. Se puede también invertir en vivienda, salud, dar a la población mejores jubilaciones. Ahí está la capacidad que tiene el país de administrar sus recursos, pero para ello, lo primero es tenerlos disponibles para la explotación.
El sector debe desarrollarse respetando el medio ambiente, las comunidades y bajo un desarrollo sustentable.

¿Qué políticas deben aplicarse para aprovechar el potencial minero en esta nueva etapa de Ecuador?

El primer problema es que países como los nuestros no tienen la capacidad tecnológica y financiera para desarrollar el potencial minero. En Chile tenemos una minería pública, que es un tercio de la global, y el país invierte hasta donde puede.

¿Qué significa hasta donde puede?

Promover la inversión extranjera que trae capitales nuevos para invertir y el Estado genera una ganancia que la comparte con el inversionista, pero si no contamos con esos capitales, ni generamos ganancia, no tenemos nada, porque tampoco poseemos capacidad para enfrentar los proyectos.
En los últimos 10 años, en Chile, se han invertido 25 mil millones de dólares: el Estado aportó con 10 mil millones y los privados los restantes 15 mil millones.

Para el éxito del sector, ¿qué tipo de garantías debe dar el Estado al inversionista y viceversa?

El Estado debe tener políticas públicas que permitan la sustentabilidad minera, basada en una ley ambiental con un contrato de inversión claro y la garantía al inversionista privado de que no lo va a estar cambiando cada dos o tres años; tener un contrato de inversión extranjera que establezca cuáles son los derechos y las obligaciones; y poseer una estructura tributaria que ayude a compartir los beneficios de la explotación minera, en la que el Estado tenga, en el caso de Ecuador, el 50% y el inversionista, el otro 50%. Entonces, ahí se comparte la riqueza.
Además, debe haber una estructura y política medio ambiental fuerte para evaluar los proyectos desde ese punto de vista, saber si las mitigaciones a proponerse son las efectivas y tener la capacidad para fiscalizar. Es muy importante que eso sea ejercido por el Estado porque las empresas mineras pueden tener buenas intenciones, pero si no se supervisa,  pueden salirse de la línea que originalmente se pactó.
Para el efecto, debe haber una institucionalidad medio ambiental potente, firme, que asegure que el impacto va a ser muy reducido.

¿Y el inversionista?

Está obligado a cumplir con esos compromisos. Caso contrario, pierde su licencia minera.

Ecuador está abriendo las puertas a la inversión extranjera ¿hacia dónde deben apuntar las reformas a la Ley de Minería que se tramitan en la Asamblea?

Ecuador ha avanzado mucho en materia de legislación minera, tiene una buena ley, pero el objetivo debe ser eliminar la pobreza, mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Si la ley –por muy buena que sea– no genera ingresos, no sirve porque no se  cumple el objetivo final. Si es extremadamente estricta o muy permisiva, no se capturarán los beneficios. Es lo que yo pienso que se está logrando con la reforma, es decir, flexibilizar un poco las condiciones para que la inversión extranjera se genere y produzca.

¿En esta flexibilización a quién o qué es lo que se debe considerar?

A las comunidades, el medio ambiente, el tema tributario y los contratos de inversión extranjera. El paquete tiene que dar las garantías para que esto funcione, vengan los inversionistas, produzcan los yacimientos, las comunidades se beneficien y exista responsabilidad de la empresa y del país para el resultado final, de eliminar la pobreza. Ecuador considera que parte de los réditos se van a invertir en las comunidades. Eso es bueno y alguien tiene que administrar los recursos para que los réditos se generen. Es un fardo completo que obedece a una política pública.

¿Cómo se puede interpretar la consulta a las comunidades cuando sus opiniones no son vinculantes?

En Chile es similar. La consulta es para conocer los puntos de vista de las comunidades. La calificación ambiental por parte del Estado y la autoridad tiene que considerar la opinión de los habitantes, preocuparse que los impactos de la explotación se mitiguen con las medidas tomadas en torno al yacimiento. Es muy complejo que este tipo de consulta sea vinculante porque los comuneros no tienen las capacidades técnicas para hacer una evaluación profunda del verdadero impacto del proyecto, ni tampoco para determinar los potenciales beneficios para el país. En Chile se escuchan sus preocupaciones, se incorporan en la resolución de calificación ambiental y el Estado toma medidas para protegerlas.

¿La política no vence a lo técnico en estos casos?

La política es importante porque la construcción de los países debe hacerse desde ese punto de vista. Las instituciones y organismos técnicos son los que tienen que reportar y darle sustento a las decisiones políticas, porque de no estar en capacidad de ofrecer cosas que no se van a poder cumplir, caemos en la demagogia. Hay que tener instituciones políticas fuertes, pero también técnicas y, en algunos aspectos, la solución final es técnica y no política. En temas medio ambientales debe primar el aspecto técnico.

En ese contexto, ¿debemos ir hacia la tecnificación de la industria minera?

Exactamente. En Chile, los cargadores en las minas funcionan sin chofer. El peligro de que haya un derrumbe ya se ha eliminado. El tema de la contaminación, del polvo y el agua avanza en forma inimaginable y esto hay que contarle a la gente para que deje de pensar que la explotación minera va a contaminar los ríos y no va a poder tomar agua. Hoy en día, esta posibilidad no ocurre, se puede perfectamente entregar el líquido, tan limpio como el que tomamos.

¿Ecuador debe aprovechar la coyuntura para impulsar la minería?

Debe hacerlo ahora porque los buenos precios de los metales no van a ser eternos, aunque podrían mejorar en el futuro. Pero actualmente, la minería es una oportunidad para los países en desarrollo y puede ser la puerta para que entren a la etapa de naciones desarrolladas.

¿La minería en Ecuador puede reemplazar al petróleo?

El país tiene que medir cuánto explota de cada recurso natural, el petróleo es el principal generador de divisas y creo que va ser difícil sustituirlo, pero mientras no sepamos cuáles son los recursos mineros con los que cuenta, no se puede contestar la pregunta, para lo cual tenemos que invertir en exploración y en geología. Insisto, hay que proceder ahora.

¿Existen grandes empresas mineras a gran escala para que den el aporte del que usted habla?

No hay muchas en el mundo que desarrollen gran minería. Ecuador tiene una oportunidad adicional: puede trabajar con Codelco (de Chile) que es la principal empresa mundial de cobre con mayor experiencia. Codelco firmó en 2009 con el presidente Correa un acuerdo que hay que potenciarlo para que sea de gran ayuda para desarrollar la minería.

¿Se puede obviar la utilización del mercurio en la minería artesanal que explota oro a pequeña escala?

Es una buena medida de Ecuador prohibir su uso, porque resulta extremadamente peligroso para el que lo emplea y el medio ambiente. Hay que tratar de avanzar en aplicar otra tecnología para eliminar este tipo de químicos.

¿Eso solo se lograría con una explotación a gran escala?

No, también se puede organizar en mediana escala. En Chile tenemos producción de oro a gran escala, pero también a mediana, en la que pequeños mineros se organizan en comunidades, en cooperativas y pueden utilizar tecnología más avanzada y menos contaminante.