Contar con recursos naturales debería ser una ventaja para los países (cuadro 1). Sin embargo, esto no necesariamente es así y muchas veces se convierte en una “maldición” por la mala gestión de los gobiernos, según señala Michael Spence, premio Nobel de Economía 2001, en su libro Convergencia Inevitable. Esta mala gestión tendría que ver con la apropiación de las rentas de los recursos naturales por   parte de las élites en lugar de invertir en la gente y en activos que generen crecimiento y desarrollo; con el desconocimiento de los gobiernos de cómo gestionar transparentemente los recursos naturales; con la apreciación del tipo de cambio real y el consecuente desestímulo de la industria y otros sectores transables provocados por la afluencia de divisas provenientes de las rentas de los recursos naturales (“enfermedad holandesa”). También se relaciona con la pérdida de capacidades tecnológicas y productivas vinculada a la merma de sectores transables distintos de los relacionados con los recursos naturales; y con retornos decrecientes de escala de las actividades económicas basadas en recursos naturales.

Empero, una gestión adecuada de los recursos naturales podría convertirlos en una “bendición” (cuadro 2). Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001, en su artículo De la maldición a la bendición de los recursos naturales, señala que el dinero que estos generan debe beneficiar a todos los ciudadanos y destinarse a promover el desarrollo y a crear ventajas comparativas dinámicas en el largo plazo. Respecto a la apropiación de las rentas de los recursos naturales manifiesta que “muchos países firman malos contratos que conceden una desproporcionada participación a las empresas privadas extranjeras. Pero hay una salida sencilla ante esta situación: renegociar, y si eso es imposible, imponer un impuesto al lucro excesivo”.

Desde 2006, el Ecuador implementó varias reformas legales con el propósito de captar una mayor parte de las rentas petroleras y destinarlas a la inversión pública. Así, la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos de 2006 reconoció a favor del Estado una participación de al menos el 50% de los ingresos extraordinarios que se generen por la diferencia entre el precio de venta y el precio promedio mensual de venta vigente a la fecha de suscripción del contrato. Antes de esta reforma, todo el excedente iba a las compañías petroleras. En 2007 se elevó la participación del Estado al 99% y en 2008 se fijó en 70%. Luego, la reforma de 2010 facultó la renegociación de los contratos petroleros y su cambio a la modalidad de prestación de servicios con el fin de lograr mayores ingresos para el Estado. Estos cambios contribuyeron a financiar la inversión pública en generación hidroeléctrica, proyectos de control de inundaciones y riego, infraestructura vial, conectividad, infraestructura social, que están mejorando la competitividad sistémica del país. No obstante, no se ha logrado transitar de una economía basada en recursos naturales finitos a una basada en recursos intensivos en tecnología y conocimiento y con menor intensidad energética y de emisión de contaminantes. La estrategia nacional para el cambio de la matriz productiva tiene el desafío de crear ventajas comparativas dinámicas y sostenibles ambientalmente (cuadro 3).