Dos de los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir en los que se refuerzan y profundizan los derechos sociales y las libertades individuales son el 3 y 4.

El primero se refiere a la mejora en la calidad de vida de los habitantes y, para ello, se sustenta en el artículo 66 de la Constitución, en el que se establece “el derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”. Por lo tanto, garantizar una vida digna requiere del acceso universal y permanente a bienes superiores, así como la promoción del ambiente adecuado para alcanzar las metas personales y colectivas.

La calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de los derechos del Buen Vivir: agua, alimentación, salud, educación y vivienda, como prerrequisito para lograr las condiciones y el fortalecimiento de capacidades y potencialidades individuales y sociales.

Del mismo modo, el objetivo 4 del Plan pone énfasis en la promoción de la libertad individual y social mediante la emancipación del pensamiento. Es decir, que el conocimiento debe ser entendido como un proceso permanente y cotidiano, orientado hacia la comprensión de saberes específicos y diversos en permanente diálogo.

Por lo tanto, el conocimiento, desde la lógica del Plan, no debe convertirse en simple medio de acumulación individual ilimitada ni un acervo que genere diferenciación y exclusión social, al contrario, debe convertirse en el puente para la transformación social.

Impulso a la salud, vivienda y hábitat

Las acciones que el Estado en materia de salud han sido oportunas, pues este sector se encuentra en primera fila de los derechos que apuntalan la calidad de vida. En los últimos seis años se han conseguido varios logros en esta materia: el personal promedio de salud por cada 10.000 habitantes subió de 37 a 50 médicos entre 2001 y 2010 y la mortalidad infantil se ha reducido a la mitad. El indicador es de 26 niños (as) por cada mil nacidos cuando en 1990 era el doble. Las enfermedades infecciosas transmisibles se han controlado y algunas se han erradicado.

Sin embargo, resta mucho trabajo: la incidencia de la diabetes subió de 88 a 488 por cada 100.000 habitantes entre 2000 y 2009, la hipertensión arterial pasó de 256 a 1.084 por cada 100.000 habitantes en el mismo período, es necesario trabajar sobre enfermedades cardiovasculares que representan el 30% de las muertes en el país. La malnutrición y el control del embarazo adolescente son tareas pendientes.

El 23% de los adolescentes sufre de obesidad y sobrepeso (llega a más del 50% de la población nacional) y el 16,9% de las mujeres entre 15 y 19 años es madre. Frente a esta situación, el Estado apunta a fortalecer el Sistema Nacional de Salud mediante la interculturalidad, el enfoque preventivo, el énfasis en los servicios materno infantiles, un mejor servicio integral de salud sexual y reproductiva y de planificación familiar, la promoción de hábitos de alimentación nutritiva y saludable y la práctica del deporte.

En función de estos lineamientos se han establecido metas hacia 2017, como la reducción de mortalidad materna del 70,4 al 50 por cada 100.000 nacidos vivos y de la mortalidad infantil a seis por cada 100.000 nacidos. Otra es la erradicación de la desnutrición crónica en niños menores de cinco años y revertir la tendencia de la incidencia de la obesidad y el sobrepeso en niños de cinco a 11 años de edad, del 29,9% de 2012 al 26%. Paralelamente, la mortalidad por dengue deberá caer del actual 7,8% al 2% y las infecciones por sida en recién nacidos del 4,36% al 0%.

Otro eje de acción se relaciona con el hábitat y la vivienda digna. La cantidad de viviendas con problemas infraestructurales o en condiciones precarias (déficit habitacional cuantitativo) ha bajado: en 2009 equivalían al 21,2% y en 2012 al 13,7%, pese a que se mantiene en las zonas rurales en el 29,8%. El hacinamiento (en cada dormitorio duermen más de tres personas) también cayó a la mitad, del 18,9% en 2006 al 9,2% en 2012. El 74,5% de las viviendas obtiene el agua de la red pública, pero en las zonas rurales es de 36,3%.

Ante este cuadro, el Plan Nacional para el Buen Vivir propone para 2017 disminuir el hacinamiento al 7% a escala nacional y al 8% en la zona rural; bajar el déficit habitacional cuantitativo al 9% en el país y al 24,8% en el sector rural. Un objetivo nacional, que demanda la acción decidida de los GAD Municipales es que el 95% de las viviendas en el país accedan a la red pública de agua y que el 95% del área rural cuente con un sistema adecuado de eliminación de excretas. La ciudadanía debe exigir a sus alcaldes y alcaldesas que estas obras sean priorizadas.

Las políticas que se implementarán transformarán el hábitat con nuevos modelos urbanísticos y de barrios, comunidades seguras y participativas, el fortalecimiento del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos ante Desastres y el fomento de la movilidad segura, inclusiva y sustentable.

Conocimiento + educación = Buen Vivir

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía

En la base del proyecto que se implementará en los próximos cuatro años se encuentra el conocimiento. Según el nuevo Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) el conocimiento es un catalizador de la transformación económica y productiva. Para conseguirlo habrá que revolucionar el aprendizaje y la educación, además de romper con los esquemas capitalistas que los asocian con privatización de la investigación y como un negocio. Este es un objetivo para 2017.

Para aquel entonces aumentará a 95% el porcentaje de personas entre 16 y 24 años con educación básica completa cuando actualmente es del 80%. El nivel de bachillerato completo en personas de hasta 24 años deberá pasar del actual 61,6% al 78%. Paralelamente se buscará la disminución del abandono de los estudios en octavo nivel de educación básica y de primero de bachillerato al 3% cuando en este momento estos valores equivalen al 7,8% y el 8,5%, respectivamente.

El acceso a internet en los establecimientos educativos del país deberá pasar del 34,1% en 2012 al 90% en 2017, al mismo tiempo que la matriculación de personas en educación universitaria escalará del 39,6% al 50% después de cuatro años, y la matriculación en institutos técnicos y tecnológicos se duplicará hasta llegar al 25%. Se procurará que el 85% de los profesores universitarios tenga titulación de cuarto nivel.

El trabajo para conseguir esto no es fácil. En el camino habrá que solucionar problemas como la desnutrición crónica (diferencia entre la talla alcanzada versus la que debería tener según la edad) que desde 2000 experimenta un descenso al pasar del 30% al 23% hasta el 2010, un valor que aún es alto. Otro problema por superar es la deserción escolar.

El Estado también consigna logros. Ha aumentado la tasa neta de matrícula en educación básica al 92% en la población indígena, al 96% en la afroecuatoriana y al 95% en la mestiza, a la par que la matriculación en niños y niñas con discapacidad se elevó en 50%. La eliminación de los costos de la matrícula, la gratuidad de los textos escolares y de los uniformes, la alimentación escolar y la gratuidad de la educación superior han contribuido en esto. En los estudios de tercer nivel aumentó la tasa de asistencia: del 13,54% en 2000 saltó al 22,6% en 2010. Adicionalmente, el Estado elevó la calidad del cuerpo docente y la creación de más puestos de trabajo, la acreditación de las entidades según estándares de calidad, la mejora en el currículo y el destierro de la violencia en las instituciones educativas.

Ahora, según el PNBV, se enfatizará en el aumento de la inversión con fines de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Especial énfasis se pondrá en profundizar la alfabetización (incluso la digital), impulsar becas, fortalecer el rol de los hogares como espacios de aprendizaje holístico, mejorar la calidad de la educación y su interculturalidad (incluye el desarrollo de mallas curriculares que contemplen cosmovisiones y realidades históricas de los pueblos y nacionalidades, así como el diálogo entre saberes), potenciar la profesionalización de los docentes, la formación profesional de artistas y deportistas de alto nivel competitivo, mejorar la interacción entre la educación, el sector productivo y la investigación científica y tecnológica y ampliar la oferta educativa de nivel superior.