Para nadie es innegable que la pobreza constituye la negación de todos los derechos y responde a condiciones estructurales de la sociedad. Las razones son múltiples, pero se enmarca en el crecimiento económico de un país y en una mejor distribución de la riqueza.

Así, pobres son quienes tienen bajos ingresos y necesidades básicas insatisfechas, según las mediciones tradicionales que realizan todos los países del mudo.

Sin embargo, Ecuador dará un vuelco en el indicador del cálculo, a uno multidimensional que evalúa otros aspectos relacionados con el bienestar integral de la población, como son la salud, la vivienda, el empleo y la educación. Se suman, además, el trabajo infantil, el rezago escolar, hacinamiento y acceso a los servicios de cuidado infantil, sin dejar a un lado el tema del medio ambiente.

Los detalles no se escapan para lograr el éxito de esta política pública de mayores dimensiones. El 15 de mayo de 2013, el presidente Correa expidió el Decreto 1517 que crea el Comité Interinstitucional para Erradicar la Pobreza para que tenga a su cargo la coordinación y articulación de políticas, lineamientos y acciones que permitan la implementación conjunta de la estrategia nacional.

La  ministra coordinadora de Desarrollo Social, Cecilia Vaca, informó que el indicador multidimensional se enfoca al cumplimiento de derechos humanos para  identificar qué servicios necesita la población y dónde. A la vez, evalúa las acciones previstas para combatir la pobreza.
Sostuvo que la forma integral de medir la variable “nos abre el camino para buscar las soluciones más efectivas para la problemática y una mejor distribución de los esfuerzos y recursos estatales, para que los ecuatorianos vivan en pleno ejercicio de sus derechos”.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó el indicador desde 2010 para analizar el desarrollo humano, por considerarlo de mayor exactitud y relevancia que otro tipo de muestras. Los países pioneros en América Latina son Ecuador, México y Colombia.
El informe anual de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ubicó a Ecuador como el segundo país de la región en reducir en el 4,7% la pobreza durante 2012.

En 2010 el porcentaje de ecuatorianos bajo esa línea era del 37,1%, y en la indigencia, del 14,2%. En 2011 bajó a 32,4% y 10,1%, respectivamente.

Los datos revelan que en 2002 la población pobre era el 49% y la indigente el  19,4%, lo que significa una reducción de 16,6 puntos en 10 años. Por eso, la extrema pobreza afectaba a menos de 900 mil personas.

Política redistributiva
De hecho,  la subsecretaria general de Planificación para el Buen Vivir de la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades), Ana María Larrea, destacó que los resultados obtenidos tienen que ver con una buena política redistributiva ejercitada en los últimos seis años y medio. No se trata –manifestó- únicamente de reducir el número de pobres, sino de tener una sociedad más igualitaria, que existan menos distancias entre ricos y pobres, que todos vivamos mejor.
Hizo referencia a que el país tiene un Producto Interno Bruto (PIB) importante, una  estructura productiva y capacidades que “tranquilamente permitirían tener buenas condiciones de vida”.
No obstante, señaló que en las sociedades capitalistas se dan estos procesos de exclusión social, por lo que es necesario trabajar conjuntamente desde una perspectiva estructural, que implica construir una sociedad más igualitaria.

Formas para medir la pobreza
Ecuador ha puesto en práctica varios métodos para calcular la pobreza, con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Uno de ellos es el subjetivo, relacionado con un tema de percepción. Consiste en preguntar a la persona si se considera pobre, independientemente de sus ingresos, de cuáles son sus condiciones de vida y necesidades básicas.
Otro sistema que realiza el INEC es la encuesta de bajos ingresos y necesidades básicas insatisfechas: de cuánto ganan, si tienen luz, agua potable y teléfono, entre otras variables.
Pero las denominadas TIC (Tecnología de Información y Comunicación) dejaron  de ser en Ecuador un referente de la pobreza. Solo en telefonía móvil se reportaron en abril anterior 17,3 millones de líneas activas prestadas a través de terminales de los usuarios. Es decir, más de dos millones por encima de la  población total nacional que supera, este momento, 15 millones de habitantes.
Según la Dirección Nacional de Prestación de Servicios de Telecomunicaciones, al mismo mes, los abonados de telefonía fija sumaron 2.3 millones; y, a marzo, calculó que 9,5 millones de ecuatorianos accedieron a Internet. Hasta abril, también 2.251 cibercafés contaron con certificados de registro.
Por su parte, los medios académicos se encuentran en proceso de aplicar el sistema de multicriterios para determinar si un hogar, familia o persona vive en condiciones de miseria, dependiendo de las distintas perspectivas de esos centros.

Aquí, cada investigador escoge las variables que, a su criterio, son más importantes y realizan mediciones multivariables.
Ana María Larrea explica que no hay una receta para la investigación, existen muchísimas formas de hacerla, más bien, rompe la uniformidad de criterios que rige a los países en sus encuestas sobre la pobreza, que enfocan únicamente las necesidades básicas insatisfechas, aunque no se descarta su importancia porque permite saber cómo se encuentra el país en relación al resto del mundo.
Algunas academias incorporan criterios culturales, ambientales, económicos, e inclusive, de participación política para saber si una persona está en la línea de pobreza.

Plan del Buen Vivir
En ese contexto, el Gobierno ha planteado la nueva métrica, como parte de la política del Plan para el Buen Vivir 2013-2017, en la que por primera vez el Estado destaca la importancia de contar con otros parámetros que abarquen más variables para identificar, con mayor certeza, el número de pobres.
La Senplades ya trabaja en eso y cuenta con estudios y análisis publicados por los mismos responsables del proceso.
Uno de ellos, René Ramírez, actual presidente de la Secretaría Nacional de  Educación Superior Ciencia y Tecnología (Senescyt) y ex presidente de la Secretaría de Planificación, publicó un libro bajo el auspicio del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), sobre la medición del Buen Vivir.
Ramírez plantea que en lugar de tener mediciones monetarias, debería analizarse el tiempo para determinar cuántos minutos u horas utilizan las personas en sus actividades productivas, reproductivas, en el ocio y el tiempo libre.

Así, el pronunciamiento del columnista de EL TELÉGRAFO, Fabrizio Reyes de Luca,  de “erradicar la miseria sobrepasa el periodo de todo gobierno, pero no así el del Estado”, toma importancia porque los resultados para llegar a la igualdad, como un objetivo en el mediano plazo, se irán viendo paulatinamente, e inclusive, más allá de los cuatro años de Gobierno. Concretamente, por  los proyectos industriales que permitirán el cambio de la matriz productiva.

El nuevo Plan Nacional para el Buen Vivir destaca el ejercicio de los derechos, libertades y generación de capacidades, como lo fundamental del Gobierno. “Es un referente regional para transformar la sociedad, tenemos metas ambiciosas que se cubrirán con 47 mil millones de dólares, cuyo financiamiento se cubrirá con recursos de los presupuestos fiscales”, según el secretario de Planificación, Fander Falconí.

Ahí se plantea cuál va a ser la estrategia para erradicar la pobreza. Se trata de medidas que tienen que ver con la política social, económica y productiva.
En el ámbito económico se encuentra el tema de la redistribución y por tanto, de la política tributaria.
Larrea sostuvo que no se puede admitir la existencia de personas con grandes fortunas y que no paguen impuestos o no contribuyan, justamente, a que todos vivamos mejor.
Se refirió también al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12%  que todos pagamos por igual, “no importa si somos  pobres, ricos, tengamos ingresos medios, altos o bajos”.
Asimismo, los impuestos progresivos, como el de la renta, por ejemplo, están en función de cuánto tiene la persona natural o jurídica. “Es importante privilegiar estas políticas redistributivas en términos tributarios, porque generan responsabilidad social y permiten a todos, vivir mejor”, insiste Larrea.
En el ámbito de las políticas redistributivas, constan aquellas que tienen que ver con la redistribución de los medios de producción. Ahí, el Gobierno ha avanzado, sobre todo, en el tema de tierras a los campesinos, con la entrega de más de 20.000 hectáreas.
Esto ha permitido que la gente tenga los medios para generar sus ingresos y tener mejores condiciones de vida.

El programa está asociado a las políticas productivas. Sin embargo, Ecuador tiene un problema que Larrea le calificó como muy grave en términos de productividad, al ser una de las más bajas de la región y el mundo.
Opinó que la problemática implica incorporar el conocimiento y desarrollo científico y tecnológico en la producción, generar capacidades para que el país produzca “más y mejor” y salga de esa categorización.

El objetivo no sería difícil de cumplir si se toma en cuenta las condiciones naturales óptimas que tiene la nación para establecer una estrategia productiva “fuerte, poderosa y potente”.
Para la funcionaria, Ecuador es un país  privilegiado porque podría producir, “excelentemente bien”, en toda la cuenca del río Guayas y alimentar no solamente a los casi 16 millones de habitantes, sino a 45 millones de personas y generar un proceso importante de transformación productiva.
Este escenario ayudaría a erradicar la pobreza, exportar alimentos y generar divisas para la caja fiscal.
Larrea recordó que dentro del Plan del Buen Vivir, lo importante es la transformación económica productiva y el cambio de la matriz productiva para generar distintas formas de producir y consumir. A más de  asegurar la soberanía alimentaria, se generarán nuevas industrias que fortalecerán el sector servicios.

Paralelamente, se dará impulso a los temas de investigación, desarrollo científico y tecnológico, la diversificación de exportaciones, sustitución de importaciones y generación de valor agregado a la producción nacional.
Entonces, “la política productiva en el ámbito de la lucha contra la pobreza es fundamental”, enfatizó Larrea. Asimismo, subrayó que la política social, del talento humano y la generación de capacidades se convierten en temas estratégico para ese objetivo; y, solamente con asegurar el ejercicio de derechos, se “logrará disminuir fuertemente el índice”.

Cuando se eliminó el aporte voluntario en la educación básica, Larrea explicó que se  logró  incorporar a mucha gente que estaba fuera del sistema educativo. Ahora, se cuenta con un sistema de educación básica universal. Todos los niños y niñas asisten a la escuela, factor que va a permitir que el país tenga éxito en la estrategia para superar la miseria.

Precisamente, uno de los énfasis del Gobierno es construir una sociedad socialista del conocimiento, que implica cambios en todos los niveles educativos, desde el inicial hasta el universitario.
Por otro lado, Larrea recalcó que  no se puede hablar de ejercer adecuadamente los derechos cuando todavía existe población que sufre de desnutrición. Al momento, el 24% de niños menores de dos años tiene desnutrición.

La meta es llegar a la desnutrición cero, lo que implica un esfuerzo en términos de política pública por ser indicadores que no son fáciles de reducir. Dependen de factores de Gobierno y de corresponsabilidad de las propias familias, de las madres que deben preocuparse de dar lactancia exclusiva a sus niños durante los primeros seis meses de vida.
La ministra Cecilia Vaca manifestó por su parte que la inversión en la primera infancia es la que más rédito económico tiene a futuro, porque cada dólar invertido en un niño pequeño, el beneficio es de 17 dólares a futuro.

La política de primera infancia consiste en el desarrollo integrar de los menores de cinco años respecto a sus capacidades
físicas, emocionales, culturales y cognitivas. En Ecuador existe una población de 1,6 millones de personas menores de cinco años. De ellos, el 70% asisten a  los controles de salud y el 1,91% sufre algún tipo de discapacidad

Por lo tanto, la lucha contra la pobreza es atacar la desnutrición y la mortalidad infantil.
Aquí, Larrea habló de importantes cambios que se han dado en el sistema de salud. Por ejemplo, el 85% de las madres hacen controles pre natales porque es, durante la etapa del embarazo, donde se puede asegurar buenas condiciones de nutrición y salud para que los niños nazcan sanos. Luego viene la etapa de lactancia y control mensual de los vástagos.
Subrayó que la gratuidad de la  salud ha implicado que muchas más madres acudan a los controles, asistan a los centros de salud y tengan asistencia médica. Pero insistió que la corresponsabilidad familiar comprende que los niños sean alimentados nutritivamente, con proteínas, hortalizas y vitaminas.
El 15% de madres que no está siendo atendido, Larrea dijo que es un desafío porque “probablemente, el porcentaje no tiene el suficiente asesoramiento y fácilmente esos niños pueden caer en la desnutrición”.

El Comité Interinstitucional
El Comité Interinstitucional para la Erradicación de la Pobreza, definirá los lineamientos para la construcción de la estrategia que permita llegar a ese objetivo.
Para el efecto, desarrollará lineamientos de coordinación, seguimiento, monitoreo y evaluación de dicha estrategia.
Estará adscrita a la Senplades,  entidad a la cual deberá informar periódicamente el grado de avance y cumplimiento de sus objetivos.
Para el efecto, solicitará a las entidades públicas la información y asesoría técnica que fuere necesaria.
Por lo pronto, la Senplades cuenta con la estrategia para la igualdad, que es un instrumento de planificación que se desarrolló en 2012 y será la que marque las líneas programáticas y se constituya en la  agenda de la Comisión.