La Ley Orgánica para la Regulación de los Créditos para Vivienda y Vehículos desbarató los pronunciamientos de los opositores al proyecto, que en 2012, anticiparon su fracaso. 

Un año después, se puede afirmar que los créditos hipotecarios han navegado en aguas tranquilas y han llegado a un buen puerto. Con ello, la banca ha seguido otorgando los recursos financieros a los ecuatorianos que quieren comprar una vivienda o un vehículo.

Según datos proporcionados por el Ministerio Coordinador de la Política Económica, en 2012, el volumen de crédito hipotecario llegó a 1.648 millones de dólares, frente a 1.447 millones de 2011. Es decir, un crecimiento del 14%.

En la banca privada, sin el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  (Biess), el volumen en créditos de vivienda pasó de 432 millones en 2011 a 500 millones en 2012, un crecimiento del 16%, pues, desde 2008, la banca no había superado un monto de 500 millones.

El número de clientes también creció. En 2011, el sistema atendió a 39.964 personas, de las cuales, 8.925 correspondieron a la banca privada; mientras que el siguiente año subió a 42.129, incrementándose a 9.494 los beneficiarios, lo que significa el 6% más.

Para el Ministerio de la Política Económica, la ley previno un comportamiento inadecuado de los agentes financieros, que pudo ocasionar “calentamiento” de los precios de vivienda o de vehículos dado que, en un hipotético incumplimiento de pago, la entrega del activo no anulaba la deuda, sino que la obligación de la misma se extendía hasta comprometer el patrimonio personal del cliente, sea el inmueble adquirido o el vehículo de uso familiar o personal.

En definitiva, el riesgo no lo asumía el prestamista, sino que se trasladaba íntegramente al prestatario. La nueva Ley limitó ese riesgo y también obstaculizó que exista un crecimiento desordenado o excesivo del valor de los inmuebles, reiteró el Ministerio.

Añadió que el instrumento legal fue tan oportuno y adecuado, que países de la Comunidad Europea y otras regiones están adoptando, ahora, los principios que rigen este régimen legal, con el  propósito de  evitar el riesgo excesivo para la economía y la banca, según el portafolio.

También subrayó que desde la expedición de la Ley, el mercado de vivienda continúa en expansión, pero con una medición adecuada de los riesgos, que tanto prestamistas como prestatarios asumen, y no con una prevalencia excesiva del capital por sobre el ser humano, como era antes.

En el caso de los vehículos el comportamiento fue similar. El crédito no se afectó por la Ley, sino que la importación se redujo por la fijación de cupos para los automotores  comprados en el exterior, dispuesta por el Comité de Comercio Exterior (Comexi) para cada importador.

La medida tiene como objetivo reducir el acelerado crecimiento del parque automotor, la emisión de gases contaminantes que afectan al medio ambiente y los accidentes de tránsito, que en Ecuador, con una media anual de 33 decesos por cada 100  mil habitantes, es una de las tasas de mortalidad más altas de América Latina.

La resolución del Comexi impactó en la reducción de venta de vehículos, que pasaron de 132.172 unidades en 2010, a 139.893 en 2011, y 121.446 en  2012.

La expectativa para 2013 es mantener menores volúmenes de ventas que los años anteriores, por limitantes ambientales y para mejorar las condiciones de movilidad y seguridad en el país.

Así, la oferta de crédito para vehículos y viviendas se mantuvo durante 2012 en las mismas condiciones (o mejores) de lo que estaba vigente en 2011.  Sin embargo, el crédito de consumo dejó de crecer en los últimos seis meses, lo cual, seguramente, está relacionado con la política de cupos del Comexi para los vehículos.

Por otro lado, durante 2012, se efectuaron en el mercado de valores más de 35 millones de dólares en emisiones de deuda de entidades no financieras con activos subyacentes de vehículos (activo financiero que es objeto de un contrato negociado en el mercado de futuros).

En cambio, en 2011, fue de 60 millones, pero la mitad de ellos fueron otorgados por bancos. La titularización de  la cartera de vehículos es una fuente de financiamiento muy usado por los concesionarios y entidades financieras.

En una titularización, el inversionista asume el riesgo de los valores que adquiere, y es la calidad y cantidad de los activos aportados al fideicomiso el que determina el potencial riesgo de incumplimiento de pago. Por ello, la Ley Orgánica también mitiga el riesgo que el inversionista asume con esos valores, al obligar a que la cartera sobre vehículos tenga una cobertura adecuada respecto al  valor del bien, y prevenir que el potencial inversionista asuma riesgos excesivos por una mala colocación crediticia del banco.

En Ecuador, gracias a la ley, no se producirían crisis de pérdida de valor para los compradores de titularizaciones de vivienda o de vehículos

De hecho, cada titularización puede contar con diversos mecanismos de garantía que tienen influencia directa en la calificación de riesgo de la misma sobre colateralización, subordinación, sustitución de cartera, garantías adicionales, etc. “Dependiendo del mecanismo que se haya definido, obtendrá su calificación de riesgo y el pago de los valores dependerá de la calidad de la cartera y de los mecanismos de garantía que la titularización hubiere optado”, señaló el Ministerio.