La participación de la ciudadanía en los procesos de planificación es, para Jorge Mattar, director del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (Ilpes), de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), la clave del éxito de un Plan del Buen Vivir, como el que tiene Ecuador.

Desde su lectura, ¿cuál es la perspectiva y qué nuevos enfoques aporta el nuevo Plan Nacional del Buen Vivir que fue lanzado en el Ecuador hace pocas semanas?
A nivel latinoamericano, lo que hemos estado documentando, y somos testigos de eso, es que hay un renovado interés por la planificación como un instrumento del proyecto público. Varios países de la región, después de un periodo largo, abandonaron la práctica de la planificación.

¿En qué época?
En los noventa, incluso parte de los ochenta, debido, fundamentalmente, a la crisis económica mundial que afectó a toda América Latina e hizo que los países se preocuparan día a día por sobrevivir. Tuvimos hiperinflación, recesión, la pobreza se fue a las nubes, no había espacio para la planificación del desarrollo. En los noventa fuimos testigos de la implementación de un modelo de desarrollo basado más en el mercado, o lo que muchos denominan, en el neoliberalismo. La planificación tiene características distintas, todo el mundo la hace, las empresas privadas multinacionales son las primeras, pero, a mediados de 2000, América Latina reflexiona sobre lo que nos dejó la crisis de los ochenta y se plantea que ahora deberían ser los Estados quienes deben incorporar la planificación a sus agendas.

¿Eso implica un cambio de paradigmas en la concepción sobre el desarrollo?
Lo que implica sobre todo es que hay que pensar más allá de los periodos de gobierno, e implementar políticas de Estado que permitan generar visiones de países mucho más prósperos, con menos pobreza y desigualdad. Ecuador es el que más ha reducido la tasa de pobreza en los últimos 10 años con políticas de desarrollo productivo y crecimiento económico. Y, a partir de 2007, con una intención declarada de tener planificación y coordinar entre las entidades del sector público.

En este sentido, ¿cuál cree que es el mayor logro en este Plan?
Ecuador es uno de los países donde la recuperación de la planificación como un instrumento de la política pública es lo más importante en su agenda política. Lo importante del Plan es que acudió mucho a la consulta ciudadana que, a la final, es la que implementa e impulsa un proceso de este tipo. Anteriormente, por los sesenta y setenta, había la noción de que la planificación se hacía desde un escritorio. No había un diálogo con la ciudadanía ni participación social.

¿Lo que refuerza a la planificación son las veedurías?
Exactamente. Su ejecución tiene que acompañarse de procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación en los cuales la ciudadanía juega un papel importante.

¿Es posible plantear un camino para construir una planificación regional?
Absolutamente sí. De hecho, estamos trabajando sobre aquello en la Cepal y en el Ilpis. En los últimos 10 años vemos a la región con un crecimiento económico importante en la reducción de la pobreza y la desigualdad; los mecanismos de integración latinoamericana se han multiplicado, pero no se si se está dialogando lo suficiente. Muchos de los proyectos se pueden llevar a cabo en bloque, como el desarrollo de la infraestructura que ustedes han dedicado inversiones cuantiosas que en muchas ocasiones rebasan la perspectiva nacional. Hay infraestructura que debe verse desde la integración física en carreteras, telecomunicaciones, puertos, y, en eso, la planificación es fundamental. Queremos llevar este tema a discusión en la reunión de la Cepal de noviembre.

¿Pero qué sucede cuando cada país tienen agendas particulares que, de alguna manera, desvían el camino a consolidar una planificación regional en lo social y económico?
Coincidimos en que hay agendas distintas, pero no necesariamente contradictorias. La Alianza del Pacífico, por ejemplo, tiene este vértice en el comercio con Estados Unidos, sin embargo, lo que nos interesa es el desarrollo de los países y será a partir de políticas que impulsen la educación, el progreso económico, el cambio en la matriz productiva que ustedes tienen como prioridad. También, hay que darle valor agregado industrial a las exportaciones y conocimiento a las materias primas. Para ello, hay que reivindicar el papel del Estado en el proceso de desarrollo de un país.

¿Ese papel sería el de interventor y regulador?
La Cepal plantea que el Estado debe recuperar el papel de orientador y coordinador del proceso de desarrollo con una perspectiva moderna, pues América Latina ha cambiado mucho y la sociedad es más participativa. También es el único agente capaz de convocar al sector privado, a la ciudadanía, al gobierno, a la sociedad civil y a la academia en una estrategia de desarrollo con visión a largo plazo. Ecuador ha escogido un esquema de Estado que le está funcionando muy bien por los resultados en materia económica, social y de infraestructura, lo cual se traduce en beneficios a la población.

¿Cuál sería el indicador adecuado para afirmar que el Estado ha cumplido, y legítimamente recuperado, su rol planificador y orientador de la política pública?
La situación ideal será cuando no tengamos programas de combate a la pobreza porque no hay pobres. Y, en el largo plazo, la única solución es una economía insertada en los procesos productivos mundiales, que aporte con valor agregado, que sea capaz de crecer y generar empleo suficiente y bien remunerado. Necesitamos tener mayores niveles de educación. La solución está en el aparato productivo, con procesos que incorporen mayor conocimiento y progreso técnico. Como aspiración, los países nos planteamos la meta de no tener pobres, no sé si lo vamos alcanzar. Creo que con el resultado que ha tenido Ecuador, hay buenos indicios de que sí es posible, pero cada vez es más difícil reducir los niveles de pobreza.

Sin embargo, la pobreza tiene diferentes rostros y perspectivas, ¿es posible erradicarla aun cuando es tan heterogénea y costosa?
Hay que ver cómo está la distribución de ingresos a nivel regional, la pobreza en el campo y cómo se llega con los recursos a esas zonas que están más alejadas, y ahí de nuevo entramos en un tema muy importante de planificación que es el territorio. La actividad productiva en América Latina hay que descentralizarla, desconcentrarla y llevarla hacia otras regiones para generar mano de obra y combatir la pobreza en sus diferentes niveles.

Finalmente, como director del Ilpes, ¿cuáles fueron las sugerencias que hizo al Plan Nacional del Buen Vivir ecuatoriano?
Nos permitimos reforzar la idea de que la participación debe mantenerse a lo largo de la ejecución, y diseñar un esquema de trabajo donde esté el Gobierno central, muy de la mano de los actores del cambio. Por
ejemplo, hay que convocar al sector privado y a la academia. El Plan es una hoja de ruta para reducir la desigualdad. En consecuencia, es importante vigilar la ejecución del mismo, en el sentido de ir poniendo metas y rindiendo cuentas a la ciudadanía.