Un total de 102 grupos económicos adeudan al Servicio de Rentas Internas (SRI) 1.831,4 millones de dólares por impugnaciones tributarias, incluidos intereses, según el corte al 4 de abril anterior.

La cifra representa un tercio de la inversión pública de todo el país, que fue de 6.500 millones de dólares en 2012, y supera el presupuesto nacional destinado a carreteras, que asciende a 1.200 millones de dólares.

Con esos recursos también se podría construir una gran central hidroeléctrica parecida al proyecto Coca Codo Sinclair, de 1.500 megavatios de energía, con lo cual el país gozaría de soberanía energética y tendría excedentes para exportar electricidad.

Inclusive, se construirían alrededor de 1.000 escuelas del milenio de la mejor calidad, entre otros proyectos de desarrollo social. Se trata de montos cuantiosos de grupos económicos, no de personas naturales o de pequeñas y medianas empresas que la administración tributaria aún no ha hecho públicos.

Los 1.831,4 millones no incluyen obligaciones sobre las cuales existe un reclamo administrativo, informó el SRI. Dos meses antes (4 de febrero) las deudas correspondían a 94 sociedades económicas que tenían pagos pendientes por 1.972,8 millones.

Los datos del SRI traen las cifras de las deudas, impugnaciones y excepciones. Las impugnaciones son acciones legales con las que el actor pretende obtener la modificación, revocatoria o invalidación de un acto administrativo. Se tramitan ante los Tribunales Distritales de lo Fiscal del país.

Por su parte, las excepciones pretenden archivar el procedimiento de ejecución de coactivas, que no es sino el cobro rápido de lo que se le adeuda al Estado y a sus instituciones. Estos casos también se tramitan ante los Tribunales Distritales.

Andrés Aráuz, subsecretario de Inversión Pública de la Secretaría de Planificación (Senplades) y miembro de Política Tributaria del SRI, explicó que la administración tributaria tiene una publicación en la que se identifica a cada una de las empresas por los fondos en firme determinados y los impugnados.

Se indicó que los grupos económicos se conforman técnicamente con fundamento en la revelación de la base de datos del SRI, en especial, de la información declarada por los propios contribuyentes en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), como volúmen de ventas, compras, auditoría de costos y verificación de facturas.

Recientemente, el catastro de 110 grupos económicos incorporó a 11 nuevas asociaciones, de las cuales, cuatro surgen de la división de algunas ya identificadas anteriormente por actualización en su composición accionaria, y siete corresponden a nuevos grupos identificados. (ver cuadro 2)

Estas agrupaciones registraron un impuesto causado en 2011 de 798 millones de dólares, frente a los 646 millones de 2010. De la investigación que realizó el SRI a 25 agrupaciones, se determinó que la carga fiscal (impuesto a la renta causado dividido para el total de ingresos), va del 2,50%, al 8,90% (ver cuadro 1).

Aunque el comportamiento tributario mejoró, al hacer un análisis particular, la institución observó la presencia de 32 asociaciones, cuya carga fiscal es inferior al 1%. Es decir, que por cada 100 dólares que perciben ingresos, no aportan un dólar por Impuesto a la Renta. La carga fluctúa entre el 0,78% y el 0,22%, donde están empresas deudoras al fisco como las bananeras Reybanpac y Exportadora Noboa.

Sector petrolero

Según los datos, de los 102 grupos, el sector petrolero tiene la mayor carga tributaria y corresponde a Andes Petroleum de China, que opera el bloque amazónico Tarapoa, con una deuda de 786,2 millones. (ver gráfico 3)

En 2010 la petrolera negoció con el Estado ecuatoriano la modificación de su contrato de participación por el de prestación de servicios y se comprometió a invertir 425 millones para producir 5.000 barriles diarios.

Otras empresas que integra este grupo son: Petroriental, el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), Repsol YPF Ecuador, Overseas Petroleum and Investment Corporation, y Amodaimi Oil Company.

Sector bananero

Hay una presencia importante del grupo bananero, cuyo producto es el segundo producto de exportación del país después del petróleo. Su deuda, en conjunto, superaría los 400 millones. Solo la empresa Exportadora Bananera Noboa tiene un compromiso pendiente de 266,2 millones de dólares, por lo que el SRI ha iniciado acciones legales para cobrar los primeros 102,2 millones, con intereses y multa, correspondientes al ejercicio fiscal de 2005. Una de las medidas es la coactiva. Es decir, el cobro rápido de lo que se le adeuda al Estado y a sus instituciones.

El SRI también ha recurrido a la figura legal del embargo de las propiedades del dueño, el magnate Álvaro Noboa Pontón, que se encuentra fuera del país. “Recuperaremos hasta el último centavo”, ha dicho al repecto, el director de la institución, Carlos Marx Carrasco, quien además advirtió que la exportadora debió caucionar el 110% de la deuda para detener las acciones de cobro. Entre 2003 y 2011 declaró 1.598 millones de ventas y pagó poco más de un millón. En la nómina también está Reybanpac.

Sector bancario

Este es otro de los grupos económicos importantes que tiene atrasos con la administración tributaria por unos 300 millones en procesos que están en impugnación en la función judicial.

El Banco del Pichincha adeuda 115,7 millones de dólares; el de Guayaquil, 10,1 millones; el de Machala, 8,8 millones; Produbanco, 5,4 millones; Internacional, 17 millones; Unibanco, 30 millones y Bolivariano, 1,7 millones

Contratistas del Estado

Los contratistas del Estado engrosan la lista: la Constructora Hidalgo e Hidalgo, que tiene contratos viales con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, debe 28,5 millones. Las obligaciones de la constructora Herdoíza Crespo llegan a los 2,7 millones, cifra que para Aráuz es pequeña frente a la magnitud de los contratos.

En los últimos años, la participación del Estado en este sector, específicamente en obra pública, incide en el crecimiento de los ingresos de las constructoras que han firmado mayores contratos con el Gobierno. Según cifras de la Senplades, en 2012, la inversión pública ascendió a 6.500 millones de dólares.

Medios de comunicación

Estos son: Diario El Universo con una deuda de 4,3 millones; grupo El Comercio, 2,3 millones; y Ecuavisa, 41.594 dólares. Según Aráuz, diario El Universo no estaría constituida como empresa ecuatoriana. “Su origen estuvo en las Islas Caimán y, actualmente, en La Florida, Miami, por lo que actuaría en Ecuador como empresa extranjera”, apuntó.

Con esas facultades, El Universo le instauró un arbitraje internacional al Estado en 2012, amparado en el Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y los Estados Unidos, aduciendo denegación de justicia. Esto significa que cuando una persona o empresa no recibe un buen trato, el Estado tiene que indemnizarle.

Para Aráuz, este es un caso parecido al de la compañía petrolera Chevron que demandó a Ecuador por el juicio que siguen en su contra las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana por daños ambientales.

Precios de transferencia

La mayoría de las empresas que adeudan al SRI son parte de otras firmas vinculadas, con las que comparten acciones.

Muchas de las empresas y su origen ilustran los beneficios de los precios de transferencia, que son los precios pactados en operaciones realizadas por el contribuyente con partes relacionadas. Para Aráuz, a las sociedades que están fuera de la jurisdicción nacional, les resulta mucho más fácil recurrir al manejo de estos precios “artificiales”.

Por otro lado, puso el funcionario como ejemplo a la Bananera Noboa que reportó al Estado la venta de la caja de la fruta a cinco dólares, cuando realmente la había colocado a ocho. Al momento de pagar el Impuesto a la Renta declaró por los cinco dólares. El técnico dijo que el SRI puede imputar la diferencia como una determinación tributaria y exigir que declare por esos tres dólares adicionales. 
La administración tributaria tiene facultad legal para analizar las cuentas de las empresas en Ecuador, pero no en el exterior. “Esa falta de jurisdicción es la que aprovechan las firmas para hacer este manejo de cuentas”, enfatizó Aráuz.

¿Cómo se da este fenómeno en los bancos? El funcionario explicó que ellos tienen muchas proveedoras de bienes y tecnología. Generalmente, crean empresas para que den servicios de informática y deciden pagarle mucho dinero por un trabajo que realmente “no vale tanto”. De esa forma, las instituciones financieras deducen los gastos ante el SRI y pagan menos impuestos; la empresa de tecnología está constituida en un paraíso fiscal o en otro lado y es muy difícil valorar cuánto realmente debería costar un servicio tecnológico. A la vez, indicó que los bancos exageran las provisiones de los créditos.

Fuentes del sector indicaron que existen algunos bancos que aprovisionan más allá de lo legal y justifican diciendo que es un argumento de “prudencia financiera”, pero en los hechos, se opina que es un mecanismo que le permite descontarse cada vez más en gasto y evitar el pago de impuestos.

Respecto a las petroleras, generalmente, la evasión tiene que ver con el endeudamiento externo, préstamos que adquieren, para hacer inversiones. Además, se endeudan con el exterior a tasas de interés sumamente altas. “Lo que no dicen -apuntó Aráuz- es que la casa matriz fue la que le hizo el préstamo. Pero con la legislación ecuatoriana, deducen el pago de intereses”.

La única manera de determinar el problema es a través de auditorías. “Creemos que hay ciertas debilidades y deficiencias no solo en la administración de justicia, sino en el propio Código Tributario que permite demasiadas instancias de apelación que pueden tardar años”, se refirió Aráuz.

Por ejemplo, el trámite por la deuda de Noboa corresponde a 2005, y ocho años después, aún está en proceso de resolución. Para los técnicos, la demora hace que el dinero pierda valor en el tiempo y los hechos terminen agotándose a la administración tributaria y, a la final, no se pague nada. Así, la Senplades advierte que el Estado debe tener un sistema judicial expedito y a la altura de los retos que implica situaciones como las actuales.

En el SRI no se informó si la publicación de la lista de los grupos económicos deudores en su página web, motivó la búsqueda de un arreglo con la administración, si están o no impugnando y cuál es el siguiente paso.

Pero empresas que no quieren que se publiquen sus nombres, anuncian que buscarán instancias de apelación, acciones de protección o medidas cautelares que son, precisamente, las que les permite eludir y evadir la responsabilidad ante el Fisco.

Un proceso judicial se inicia en la parte civil para cobrar las deudas que pueden pasar a la instancia coactiva. Al respecto, en la Fiscalía se dio a conocer que no ha ingresado hasta el momento ningún proceso de esa naturaleza para el trámite penal.

Para el abogado de compañías petroleras, Fernando Santos, es indudable que el sistema de recaudación de impuestos en el país ha mejorado mucho y ha disminuido la evasión tributaria. Sin embargo, sostiene que debe existir una justicia tributaria independiente del SRI y de los contribuyentes, porque “actualmente los jueces creen que es su papel el darle la razón siempre al Estado, lo cual no está bien porque la justicia tiene que ser imparcial”.

Elusión tributaria

El subsecretario de Inversión Pública de la Secretaría de Planificación está convencido en la necesidad de priorizar la acción pública, en función de los grandes montos de deuda, debido a que es un tema que debe ser seriamente analizado para determinar por qué las empresas eluden sus obligaciones con el Fisco y caen en la elusión tributaria.

La elusión consiste en evitar o retrasar el pago de determinados impuestos, utilizando para ello mecanismos y estrategias legales. La puede practicar cualquier persona que cuente con un asesoramiento legal y tributario adecuado.

Pero son las multinacionales y entidades financieras las que, por lo general, más se benefician de ella, al disponer de la estructura internacional y los recursos necesarios para poner en marcha auténticas estrategias de ingeniería fiscal, apuntan estudios internacionales.

Si bien no constituye un delito, la elusión tributaria no es vista con agrado por las autoridades tributarias. Al menos así lo ha confirmado el director del SRI. Al fin y al cabo, por culpa de ese mecanismo, las autoridades pueden llegar a perder una parte importante de su recaudación. Por ello, no es de extrañar que traten de combatirla con todos los medios a su alcance.

Evasión tributaria

Los últimos cálculos del SRI dan a conocer que la evasión tributaria de Impuesto a la Renta en Ecuador se redujo del 61,3% en 2011 al 40% en 2012, año en que las recaudaciones superaron los 11.000 millones de dólares. Sin embargo, se dijo que falta mucho por hacer para cobrar los impuestos a los grandes grupos económicos.

Al respecto, un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), asegura que las gigantes corporaciones ni pagan lo que deberían ni tributan donde generan su renta, afectando las cajas fiscales, tanto de los países en desarrollo como de los desarrollados. Es por eso que el propio G20 pidió a la OCDE que estudiara el tema.

Según la ONG Británica Christian Aid, la evasión fiscal de las transnacionales es un grave riesgo para los ingresos fiscales, la soberanía y la equidad fiscal de los países.

Las estrategias de las transnacionales para trasladar ganancias reducen al mínimo el pago de impuestos y erosionan la base fiscal. Asimismo, las reglas fiscales internacionales vigentes, elaboradas hace 80 años, no han seguido el ritmo de la evolución del entorno empresarial.

El actual sistema fiscal internacional permite y anima a las transnacionales a eliminar o reducir significativamente sus impuestos. En tanto que la evasión fiscal de las transnacionales les proporciona más competitividad, en relación con las empresas que operan a escala nacional. “Lo que está en juego es la integridad del impuesto de las empresas”, dice.

La ONG añade que las transnacionales no están pagando sus impuestos en los países donde obtienen sus beneficios. Si los demás contribuyentes, incluyendo los ciudadanos de a pie, perciben que las transnacionales pueden legalmente evitar pagar su parte justa de impuestos, empezarán a hacerlo también, advierte.

Sostiene que la acción unilateral no va a resolver el problema, se requiere de un enfoque integral y amplio; calquier solución que se adopte debe tener en cuenta las consecuencias en otros países.

“Los escándalos de Amazon, Google, Ikea, Nestlé y otras más, demuestran que las corporaciones transnacionales siguen una estrategia empresarial global para evadir impuestos, la cual se ampara en todo ese cuerpo jurídico de protección de inversiones que tanto defienden los tecnócratas neoliberales”, opina Carlos Alonso Bedoya, periodista y abogado peruano.