Asbjørn Wahl, en su libro The Rise and Fall of the Welfare State (2011), señala que durante la época de oro del Estado de Bienestar (desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los setenta) el poder del capital fue limitado a través de una regulación estatal comprehensiva, la que fue removida en la era neoliberal (desde los ochenta hasta la actualidad). Esta regulación comprehensiva consistió en regulaciones a la inversión y al crédito; controles de capital; leyes laborales y contratos colectivos; gran sector público; tipos de cambio fijos; y, proteccionismo comercial (gráfico 1). Se trató, según algunos autores como el economista hindú Amit Badhuri, de un período de “capitalismo cooperativo” o de acuerdo entre el capital y el trabajo, mediado por el Estado.

En contraste, conforme a Wahl, durante el neoliberalismo se eliminaron las regulaciones al crédito y a la inversión; se promovió la libre movilidad del capital, el libre comercio y los tipos de cambio flexibles; se atacaron las leyes laborales y la contratación colectiva; y, se redujo el sector público (gráfico 2). Así, en este período hubo un claro dominio del capital sobre el trabajo.

Además, según sostienen Eckhard Hein, Nina Dodig y Natalia Budyldina en su artículo ‘Financial, economic and social systems’, mientras en la era del Estado de Bienestar el sector financiero estaba al servicio del sector real de la economía, en la era neoliberal el primero se separa del segundo y adquiere un carácter especulativo.

En breve
Asbjørn Wahl es un destacado sindicalista noruego, con estudios en Historia y Sociología. Se desempeña como consejero de la Unión Noruega de Trabajadores Municipales y Generales y como director de la Campaña en favor del Estado de Bienestar.

Si se toma como marco de referencia este conjunto de regulaciones al capital se advierte que durante el gobierno de Rafael Correa, el sector capitalista empresarial perdió poder y también las políticas que impulsaron en el pasado como la flexibilización del mercado de trabajo. Esto se debió a un paquete de políticas públicas deliberadas como la descorporativización, la eliminación de la tercerización laboral, la política activa de salario mínimo, las inspecciones laborales y la penalización de la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el cambio a favor del Estado en la distribución de las rentas petroleras y de las telefónicas, la recompra de los bonos Global, el coeficiente de liquidez doméstica, la regulación de las tasas de interés, el impuesto a la salida de capitales y el control del poder de mercado, entre otras.

A esto se agrega la creciente participación del Estado en la economía tanto en el gasto social (proveedor/financiador de servicios sociales), la inversión pública y las empresas públicas. Hubo un aumento del componente social de los salarios a través de las políticas de educación, salud y vivienda. El Estado ganó autonomía relativa respecto de los grupos tradicionales de poder económico y apareció una nueva tecnoburocracia que adquirió una creciente autoridad en la toma de decisiones de política económica y social, en un escenario en el que las burocracias internacionales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dejaron de influir.

Para el período 2013-2017, el Gobierno priorizó el cambio de la matriz productiva, el cual requiere una participación activa de la inversión privada. Esta necesidad pragmática generará nuevas tensiones en la relación trabajo-capital-Estado, sobre todo por el carácter dual de los salarios: fuente de demanda efectiva y costo de producción.