El gobierno de la Revolución Ciudadana ha dirigido una verdadera transformación política que inició con el proceso constituyente. En contraposición con el modelo neoliberal instalado en la región en décadas anteriores, en 2007 el Gobierno volvió a colocar en primer plano al Estado. Con el neoliberalismo se instauró un caos institucional que pasaba por la pérdida de soberanía y de facultades esenciales del Estado bajo la premisa del Estado mínimo. 

Como consecuencia de esa visión fuimos testigos de la creación  arbitraria y coyuntural de múltiples entidades paraministeriales y autónomas como Corpecuador; de la corporativización institucional para salvaguardar intereses privados como el Conelec, el Conesup; de la creación de regímenes excepcionales y autárquicos que suplantaban a los gobiernos locales como la Comisión de Tránsito del Guayas; de la expedición de leyes que beneficiaban a grupos de interés como la de instituciones financieras o la AGD; de las preasignaciones clientelares por fuera del Presupuesto del Estado que beneficiaban a particulares y ONG; y de la ausencia del Estado en el territorio, con una alta dosis de centralismo y una mal entendida descentralización a la carta.

Frente a ello, la decisión política fue recuperar la facultad de planificación y desde ahí la construcción de un Estado nuevo, alejado de intereses particulares y sin injerencia de grupos de presión e interés.           

Fue el Plan Nacional de Desarrollo de 2007 el que por primera vez se planteó la consolidación y construcción del nuevo Estado, a la par del establecimiento de un nuevo régimen de desarrollo. Ese es el fundamento conceptual que describe lo que ha ocurrido en Ecuador en estos 7 años: se han realizado enormes esfuerzos para la transformación del esquema de desarrollo del país, pero también se revitalizó la concepción del Estado y su rol en el marco del socialismo del buen vivir. Es que el Estado no se diseña solo,  sino que responde al modelo de desarrollo que se quiere implementar, y para cambiar el régimen de acumulación se hace necesario cambiar el modo de regulación social desde sus bases institucionales y de gestión. Es así que transformar el Estado con miras a modificar el régimen de acumulación es un proceso de cambio en las relaciones de poder.

Bajo esta nueva concepción de Estado se han realizado transformaciones alrededor de 3 ejes: una revolución institucional y normativa, que implicó una nueva estructura del Estado organizado en 5 funciones, una nueva Constitución y leyes programáticas para su desarrollo;la gestión de la política pública en el territorio, a través de la descentralización y la desconcentración;y el desarrollo de herramientas que hagan más eficiente la gestión, como  el gobierno electrónico, procesos, gestión del talento humano. 

Dentro de los logros alcanzados podemos citar: la recuperación del Estado y la autoridad pública; la superación de la crisis política, este es el gobierno más democrático y estable del período republicano; la recuperación de facultades esenciales de planificación, rectoría, gestión, distribución y redistribución; el rediseño territorial, pues los territorios se han convertido en el eje de una nueva forma de gestión política; la renovación generacional en el servicio público, con profesionalización y meritocracia; y la  priorización de la inversión pública, con énfasis en el pago de la deuda social. En estos 7 años de gobierno se ha logrado sentar las bases de este nuevo Estado, enfrentando a poderosos grupos económicos y corporativos que históricamente obstaculizaron la construcción democrática e inclusiva del Estado ecuatoriano.

El eje territorial ha sido y seguirá siendo nodal en este proceso. La transformación del Estado en el territorio apunta a la consolidación de la universalidad de servicios públicos de calidad en base al rol del Estado de proveedor de servicios públicos y garante de que su provisión, pública o privada, responda a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad.

Hoy podemos constatar cómo existe un Estado que ha ampliado su presencia en los territorios y que ha generado una nueva forma de gestión pública. Se han definido e implementado modelos de prestación de servicios públicos territorializados con estándares de calidad y cobertura; se han priorizado y gestionado eficientemente los recursos para la prestación de servicios públicos en el territorio; se ha iniciado un proceso de microplanificación sectorial e intersectorial; se ha realizado la transferencia progresiva de competencias y recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados;  y se han fortalecido las capacidades de los niveles de gobierno, a través de planes y programas de capacitación, formación y asistencia técnica para el efectivo ejercicio de sus competencias.

Y a pesar de los enormes avances que ha supuesto esta primera fase se identifican aún varios desafíos  que exigen la atención de la administración pública. Por un lado, se requiere construir el poder popular y dar vitalidad a la movilización ciudadana, fortalecer la consolidación de procesos de participación ciudadana, de desarrollo del poder popular y de una cultura cívico-participativa. Con ello se apunta  a la construcción de más democracia en su doble vertiente: la consolidación de institucionalidad estatal, pero también construir lo comunitario, pues nuestro proceso de transformación no apunta al estatismo. 

Por otro lado, es necesario consolidar el Estado plurinacional e intercultural bajo los principios de pluralidad política y democracia, basados en el reconocimiento de las diversidades, la autodeterminación cultural y el ejercicio de formas propias de gobierno. Esto no debe afectar la unidad del Estado, pero sí implica transformaciones en lo institucional, territorial, cultural y en la forma de hacer política y gestión pública.