Los cuestionamientos al desempeño de la troika -Comisión Europea (CE), Banco Central Europeo (BCE) y Fondo Monetario Internacional (FMI)- prevalecen a más de tres años del inicio de la crisis en la Eurozona.

El tema recobró especial fuerza después de que la vicepresidenta de la CE, Viviane Reding, pidiera la eliminación paulatina de la troika y apelara a la solidaridad europea para que las respuestas a la crisis procedan de los gobiernos. “Tener al FMI implicado en los últimos años fue una decisión como medida de emergencia. Pero en el futuro, los europeos deberíamos ser capaces de solventar los problemas por nosotros mismos”, explicó Reding.

En tal sentido, sobresale la existencia de criterios opuestos dentro de organismos rectores de la Unión Europea (UE), pues mientras Reding pidió la eliminación paulatina de la troika, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Unión Europea, Olli Rehn, rechazó tales criterios.

Según Rehn, Europa necesita la pericia combinada del FMI, el BCE y la CE para manejar los problemas en la Eurozona.

Los equipos de los tres organismos trabajaron bien juntos, “a menudo en situaciones desafiantes. Cualquier reconsideración sobre cómo opera solo vale para el futuro”, afirmó.

Las críticas no dejan de llegar

La crítica más recurrente se refiere a las políticas de austeridad impuestas en países como España, Grecia y Portugal, los cuales se enfrentan a los mismos recortes en las pensiones, la sanidad, la educación y los programas de protección social.

Las reformas laborales, las privatizaciones y el adelgazamiento de las administraciones públicas completan la fórmula.

Acorde con expertos internacionales, las reformas estructurales y los programas están destinados a uniformizar, abaratar y empobrecer las estructuras de los estados periféricos.

Todas las transformaciones laborales aplicadas desde el inicio de la crisis en los países con exceso de déficit público se han centrado en reducir los costes para las empresas disminuyendo los salarios de los trabajadores y sus derechos -incluida la prestación por desocupación- y desplazando el papel de los sindicatos en aras de “aumentar la competitividad”.

En Grecia, por ejemplo, la troika, además de imponer que la negociación empresario-trabajador prevalezca sobre la colectiva, ha proyectado una disminución de los costes laborales del 15% entre 2012 y 2015.

Exigió al gobierno aligerar las indemnizaciones por despido, reducir la remuneración de las horas extra y establecer un salario un 16% por debajo del mínimo interprofesional a los nuevos contratos para jóvenes menores de 25 años, aumentar el periodo de prueba a un año o fomentar los contratos temporales y de media jornada.

Todas las reformas laborales de los países con exceso de déficit público han apostado por el despido casi libre. Sobre todo en el sur de Europa, ha prevalecido la rebaja del número de puestos de trabajo con la no sustitución de los jubilados y la no renovación de los contratos extinguidos.

En el caso de la nación helena, la situación resultó peor porque la troika exigió la eliminación de 150 mil plazas en cinco años aplicando la regla del uno por 10, es decir, solo se admite un contrato por cada 10 despidos o jubilaciones.

Las transformaciones en pensiones han contribuido al empobrecimiento de los ciudadanos del sur, en general. Como norma general, todos los países de la UE aceptaron aumentar la edad de jubilación desde 2010, lo cual derivó en una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas.

Por otra parte, el ajuste fiscal va acompañado de un aumento de impuestos para compensar la menor recaudación a causa del paro. Tabaco, alcohol, carburantes, electricidad y gas son los productos más recurrentes, a la vez que el gravamen ha sido la herramienta más útil.

Sanidad, un tema sensible

Los especialistas opinan que la sanidad pública es uno de los sectores más perjudicados en un entorno de severos ajustes.

Tal situación se evidencia con la disminución del presupuesto destinado al sector y, por consiguiente, la reducción del número de hospitales públicos, la eliminación de camas, la insuficiente contratación de personal en comparación con el número de jubilaciones.

Además se ha eliminado la asistencia a los parados, se redujo el gasto en medicamentos y la seguridad social dejó de cubrir determinados tratamientos y análisis. Los gobiernos y los acreedores tratan de transmitir que las disposiciones implementadas aumentan la fortaleza y la eficiencia. Sin embargo, la realidad es que los servicios públicos cuentan con menos personal y menos recursos, lo cual provoca que el supuesto ahorro no sea proporcional al déficit que produce en términos sociales, según investigaciones realizadas.

Asimismo, se ignora cómo la troika llega a tomar cada una de las decisiones que determinan el futuro de los ciudadanos europeos, pero en mayor medida la de los griegos, irlandeses, portugueses, chipriotas y españoles.

Algunos expertos la consideran una fuerza destructiva que implementa medidas opuestas a los intereses de las mayorías y una grave amenaza para la democracia. Subrayan que el enfoque de la política económica es completamente despiadado puesto que el camino elegido ataca sistemáticamente a los salarios y al bienestar de las personas (PL).