Después de que la Contraloría General del Estado (CGE) publicara un examen especial con indicios de responsabilidad penal y glosas por USD 5,4 millones en el contrato de la Primera Línea del Metro de Quito, la empresa operadora rechazó esta acusación.

La empresa municipal aseguró que el documento refleja un “desconocimiento” de convenios internacionales, normativa europea en materia ferroviaria y del contrato FIDIC bajo el cual se ejecutó la obra. Sostuvo que este desconocimiento habría derivado en conclusiones que, a su juicio, no corresponden a la realidad del proyecto ni a los estándares aplicados durante la construcción y fiscalización de la línea.

La institución también criticó que, a pesar de haber presentado argumentos administrativos, técnicos y legales durante el proceso, estos no fueron tomados en cuenta. Los funcionarios señalados en el informe anunciaron que ejercerán su defensa dentro del marco jurídico ecuatoriano y esperan que se respete el debido proceso.

En su pronunciamiento, la empresa aseguró que la operación del sistema de transporte continuará con normalidad y reiteró su compromiso con la transparencia y la optimización de recursos públicos.

¿Qué denunció la Contraloría?

En el informe de auditoría realizado al Metro de Quito, en sus fases de construcción entre el 2020 y diciembre de 2024, la Contraloría halló informó haber encontrado algunas anomalías e indicios de responsabilidad penal relacionados a la construcción de obras civicles y el montaje del sistema de equipamiento e instalaciones.

Según la entidad existiría una contratación de seguros y mantenimiento de bienes sin haber iniciado procesos de contratación pública.

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— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) December 5, 2025