La aplicación del polígrafo a los policías judiciales genera discrepancias entre el fiscal general del Estado, Washington Pesántez, y el ministro del Interior, José Serrano, quien anunció la medida.

En declaraciones anteriores, Pesántez ya había criticado la propuesta del representante de esa Secretaría del Estado.

“Yo digo que no, eso es atentar contra un derecho constitucional. No puedo concebir que se ponga a 6.400 policías o peor  a los 38.500 bajo sospecha”.

Ayer, inclusive,    en su acostumbrada intervención del minuto cívico de cada lunes, el Fiscal de la Nación le recordó a Serrano que la depuración de la Policía Judicial está a cargo de la Fiscalía y reiteró que   someter a la prueba del polígrafo a los uniformados no es una solución. “No nos oponemos per se a la aplicación del polígrafo o detector de mentiras. Lo que no creemos es que ese sea el punto de partida y solución a la problemática. La solución es equipar y capacitar a la Policía Judicial”, manifestó el funcionario.

Agregó que “si esta ‘solución’ sería la panacea, el non plus ultra, pues entonces, a los aspirantes a fiscales también habría que pasarlos por el polígrafo... lamentablemente se confunde  y, a veces, se cree que esto se administra por vía oral”.

Puntualizó que el desenvolvimiento de la Policía Judicial no depende del Ministro de turno.

Ministro garantiza estabilidad

A esto, el titular del Ministerio del Interior,  durante su primera visita oficial al Regimiento Quito, explicó que la prueba del polígrafo se adoptará porque es  una medida de confianza evaluativa, la cual  permitirá  analizar qué tipo de agentes  permanecerán en sus funciones y cuáles serán movidos a otras labores.

Recalcó que nadie saldrá de las filas policiales por este motivo y que cualquier medida de confianza que se tome, sea interna o externa, es con el fin de fortalecer el trabajo y la imagen de la institución.

“La posibilidad de que este mecanismo pueda servir para algún tipo de desvinculación de la Policía está descartado”, enfatizó el Ministro.

Serrano también se pronunció acerca de su presencia en la Asamblea Nacional ante el llamado que le hiciera el asambleísta César Montúfar, con relación a la amenaza que el secretario de Estado hizo sobre el  enjuiciamiento a los jueces que declararon inocentes al ex director del Hospital de la Policía, coronel César Carrión, y a otros tres cabos imputados por los hechos del 30 de septiembre.

El Ministro sostuvo que ese es un mandato de la Constitución y que él es  respetuoso de las resoluciones que las respaldan. 

El funcionario manifestó que  acudirá al pleno, sin embargo dejó en claro que “hay cosas que no pueden quedar impunes, hechos que se deben sancionar” y que las amenazas de los asambleístas solo son a título personal para ganar votos.