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La historia de los sistemas de producción ha confrontado la opresión de los poderosos y la emergencia de los oprimidos. La esclavitud es un sistema donde las personas son tratadas como propiedad, explotadas para producir, abusadas sexualmente, vendidas o compradas como cualquier bien.
La llegada europea a América sometió a los pueblos indígenas, incorporó mano de obra esclava de África, así como servidumbre sexual de mujeres indígenas y africanas. Más de 100 millones de personas fueron víctimas de este sistema.
A fines del siglo XIX, con la abolición de la esclavitud y como consecuencia de las guerras emerge la denominada “trata de blancas”. Mujeres provenientes de la vieja Europa son llevadas con fines de explotación sexual a otros países europeos, Asia y África. Con el tiempo, este tipo de explotación se amplió a otras regiones.
La comunidad internacional, a inicios del siglo XX, expresa su preocupación por la trata de mujeres y firma en 1904 y 1910 el Acuerdo y Convenio Internacional sobre la Represión de la Trata de Blancas; en 1921 el Convenio Internacional para la Supresión de la Trata de Mujeres y Niños; en 1933 el Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad. En 1949 Naciones Unidas aprueba el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, con base en los anteriores instrumentos.
Desde 1949 la reflexión internacional se amplió, así, en el año 2000 en Palermo – Italia, se aprueba el Protocolo de Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Castigar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños, que plantea que la trata es todo acto de reclutamiento y traslado dentro o fuera del país, en que por medio de engaño, fraude o coacción, se explota personas con fines sexuales, laborales, servidumbre o cometimiento de ilícitos.
La trata es el tercer delito transnacional en el que operan mafias, pero también un acto lesivo a la dignidad, vida e integridad humana. La mayoría de víctimas son extranjeras en donde son identificadas, 6 de cada 10 han cruzado al menos una frontera. Cifras de Naciones Unidas señalan que las víctimas son de 152 nacionalidades en 124 países; y que 2.000 millones de personas carecen de protección por una débil legislación.
Ecuador ha dado pasos importantes contra la trata; la Constitución la prohíbe, el Código Integral Penal la sanciona; se cuenta con un Plan Nacional e institucionalidad responsable; pero hay retos enormes; se requiere legislación que proteja a las víctimas y promueva sus proyectos de vida, la atención especializada aún es escasa; y la sanción a victimarios debe luchar contra la impunidad; pero el reto mayor es romper con el silencio y complicidad de la sociedad lo que demanda una cruzada del sector público, privado y comunitario contra la trata, con la misma intensidad y fuerza con que se luchó contra la esclavitud. (O)