Las políticas gubernamentales para la erradicación de la violencia contra la mujer en el Ecuador muestran un saldo favorable en el 2013.
Con la tipificación del femicidio en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), los protocolos para su investigación coordinados en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y la cooperación entre el Consejo de la Judicatura (CJ) y el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS) muestran el camino para reducir los índices de maltrato a la mujer.
Cecilia Vaca, ministra coordinadora de Desarrollo Social, manifestó que el tema de la violencia intrafamiliar debe ser abordado en el país, pues seis de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de maltrato porque es un problema estructural.
“El 90% de las mujeres casadas o en unión libre que han sufrido algún tipo de violencia, no se han separado de sus parejas. Y de éstas, el 22% no lo han hecho porque no pueden sostenerse económicamente y dependen de los ingresos del conviviente”, reveló Vaca.
Explicó que se trabaja en políticas sociales para evitar esa dependencia que tienen muchas mujeres.
Por esa razón, el Ministerio del Interior organizó la feria de emprendimiento Un nuevo amanecer, en la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) de Carapungo, al norte de Quito.
El objetivo es capacitar a las mujeres que han sido víctimas de maltrato familiar, y se vuelvan autosuficientes en lo económico.
En esa UVC funcionan dos juzgados de Violencia Intrafamiliar, donde se han emitido sentencias en el 70% de casos y despachado 400.
Para Gladys Acosta, de ONU Mujeres, el Ecuador ha sido pionero en esa temática con la creación de las Comisarías de la Mujer, en el año 1994. “Eso abrió una puerta a los juzgados especializados.
La violencia va en contra de toda modernidad”, dijo.
Respecto a la tipificación del femicidio, Acosta afirmó que Ecuador podría ser un referente en la región porque está muy bien formulado.
También resaltó el protocolo de investigación de muertes por violencia de género de ONU Mujeres, pues fue elaborado con especialistas de todas las ramas, desde fiscales, jueces y abogados hasta policías, quienes han intervenido para sistematizar los procesos.
El Consejo de la Judicatura, en coordinación con el Ministerio del Interior, creó cerca de 80 juzgados de Violencia contra la Mujer y la Familia para despachar exclusivamente estas causas.
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