Según el Presidente del Consejo de la Judicatura, el objetivo de la calificación no es sancionar, sino identificar las buenas prácticas y las necesidades en el sistema.

El artículo 187 de la Constitución de la República del Ecuador indica que las servidoras y servidores judiciales tienen derecho a permanecer en el desempeño de sus cargos mientras no exista una causa legal para separarlos.

El mismo inciso establece que estarán sometidos a una evaluación individual y periódica de su rendimiento, de acuerdo con parámetros técnicos que elabore el Consejo de la Judicatura y con presencia de control social. Aquellos que no alcancen los mínimos requeridos, serán removidos.

Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, anunció ayer que los jueces y juezas serán evaluados en función de su materia hasta el primer día del mes de octubre. Agregó que el objetivo no es sancionar, sino identificar las buenas prácticas y necesidades del sistema.

“Todo este proceso estará disponible para la ciudadanía, para que exista total transparencia, el proceso de evaluación beneficiará a todos y todas”, enfatizó.

Jalkh explicó que se identificarán las deficiencias y se dará un plazo de 3 meses para que los evaluados alcancen estándares aceptables para permanecer en sus cargos.

Agregó que las fases de la calificación son: Ejecución del proceso, difusión, ejecución, consolidación de resultados e informes finales y notificación.

Sobre la base de los informes finales de evaluación, la Dirección General notificará a jueces los resultados obtenidos y comunicará las metas a alcanzar para una próxima evaluación.