El Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal (SPAVT) fue creado en la Constitución de la República del Ecuador de 2008.

El objetivo es salvaguardar la integridad física y psicológica de víctimas, testigos y otros participantes de un proceso penal que se encuentran en riesgo como consecuencia de su presencia en una causa.

El exasambleísta Daniel Mendoza, investigado por delincuencia organizada por las irregularidades en la construcción del hospital de Pedernales, ingresó a este sistema el fin de semana.

El abogado Julio César Cueva explicó que la persona es protegida con resguardo policial, cambio de domicilio y hasta de identidad. La más común es la custodia.

Asimismo, indicó que el testigo rinde un testimonio anticipado que puede ser usado en audiencia de juzgamiento para que no sea necesario que la persona con riesgo esté presente.

Cueva aclaró que la persona que es testigo protegido, además de la seguridad, no obtiene ningún otro beneficio. “Si es procesado no tendrá ninguna rebaja de sanción; para eso tendría que haber una cooperación eficaz”.

En caso de que la persona esté procesada y deba ir a prisión, se la puede aislar dentro de un centro para que no esté junto a otros acusados que puedan atentar contra su vida.

Eso ocurrirá en el caso del exlegislador, quien permanecerá en la Cárcel 4 de Quito, donde no estará ningún otro procesado por este caso.

Como parte del programa se realiza un seguimiento permanente para verificar que la persona se encuentre bien y no haya amenazas.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado, hasta octubre de 2019, con el programa se asistía y protegía a 1.302 personas, entre las que constan víctimas, testigos y otros participantes en diferentes procesos penales. (I)