Siete procesados por el presunto delito de estafa cometido a través de la empresa Proinco, con sede en Quito, fueron llamados a juicio el lunes último por la jueza de Garantías Penales de Pichincha, Karen Matamoros.

En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la jueza Matamoros acogió el dictamen acusatorio de la fiscal Susana Rodríguez y resolvió llamar a juicio a los procesados Santiago R., María G., Dolores S. y Fernando C., en calidad de autores. Mientras que Rodrigo L. como coautor, y en el grado de cómplices a los imputados Gabriel Ch. y Carmen J.

Según la Fiscalía, los procesados están acusados por la presunta captación de recursos a través de tres empresas que no tenían permiso para operar con transacciones financieras.

La fiscal Rodríguez sostuvo que las empresas Marktradecorp S.A., Mingacorp S.A. y Encaisser S.A. estuvieron domiciliadas en las instalaciones de la Sociedad Financiera Proinco y habrían actuado en perjuicio de las 1.300 personas  que depositaron sus recursos a cambio del pago de interés.

De acuerdo con la investigación fiscal, en 2015 se inicia el caso Proinco con denuncias e informes presentados por la Superintendencia de Bancos y ordena la indagación previa a la empresa Mingacorp y Asesores Integrales S.A para conocer los dineros que capta esta entidad financiera.

El 10 de junio de 2016, tras la detención de Santiago R.T., principal de Proinco, la Fiscalía en su investigación encontró que a través de la empresa Mingacorp y Asesores Integrales S.A. se captaron recursos del público por la cantidad de $56’992.875,00 de un total de 905 operaciones.

Rodríguez señaló en la audiencia que estas empresas habrían recibido dinero del público a través de “acuerdos de venta de Derechos Fiduciarios”, acompañados de pagarés que respaldaban la inversión y a cambio de intereses que superaban los establecidos por el Banco Central del Ecuador. Además, no estaban facultadas por la Superintendencia de Bancos para captar dinero a cambio de intereses. También estaban intervenidas por la Superintendencia de Compañías y tenían irregularidades administrativas.

La fiscal Rodríguez sostuvo que los acusados habrían ocasionado un perjuicio de $ 98 millones, debido a que no pagaron los intereses acordados ni devolvieron los montos de los depósitos.

La Fiscalía presentó entre los elementos de convicción el informe de la Superintendencia de Bancos. En este documento se certifica que ninguna de estas empresas eran instituciones del sistema financiero nacional, por lo que no podían realizar este tipo de transacciones.

Según las investigaciones, una de las empresas de Santiago R. ofrecía a los inversionistas pagar intereses más altos por sus depósitos. Se presume que con engaños se captaba el dinero, sin autorización de los organismos de control.

La fiscal Rodríguez, a cargo del caso Proinco, indicó ayer que está pendiente del sorteo de la causa para que el tribunal que corresponda convoque a la audiencia de juicio contra los siete procesados, por  el presunto delito de estafa masiva. Agregó que solicitará una reparación material a las personas afectadas por los procesados. (I)