La Sala de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores inadmitió la acción de hábeas corpus pedido por Milton Castillo y Julio César Sarango, abogados de Carlos Eduardo Figueroa Figueroa.

Figueroa se encontraba en calidad de prófugo de la justicia durante 4 meses y fue acusado por delitos de injurias, junto a Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio, quienes en primera instancia acusaron al presidente Rafael Correa por delitos de lesa humanidad en los hechos del 30 de septiembre de 2010.

La demanda fue calificada como "temeraria y maliciosa". Por este motivo, Correa presentó un proceso en contra de los 3 acusados por delitos de injurias. Jiménez y Villavicencio fueron sentenciados a 18 meses de prisión y Figueroa a 6 meses.

El fallo también dictaminó que deben disculparse mediante una publicación en 4 medios de comunicación de alcance nacional. Ninguno de los 3 procesados presentaron disculpas públicas.

El Tribunal, conformado por María Rosa Merchán, Carmen Alba del Rocío Salgado y María del Carmen Espinosa, señaló que carece de competencia, para actuar en calidad de juez de primera instancia en el conocimiento de la acción Constitucional de Habeas Corpus.

El Tribunal argumentó que el artículo 44.1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional determina que la causa corresponde a la Corte Provincial.

Castillo dijo que la detención de Figueroa es ilegal y que aún prevalecen una presuntas medidas cautelares, dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

De su lado, Caupolicán Ochoa, abogado del presidente Correa, señaló que las medidas cautelares son "impertinentes e ilegales".

Ochoa manifestó que en el caso se agotaron "todos los recursos procesales previstos".

La defensa de Figueroa analiza qué otras acciones legales pueden tomar a favor de su defendido.