Debido a "la grave conmoción interna que aún persiste en los centros de rehabilitación social del país", el presidente Lenín Moreno, renovó el estado de excepción en el sistema penitenciario. Este regirá 30 días que cuentan a partir del 15 de julio.

En la resolución, que consta en el Decreto 823, se dispone la movilización en todo el territorio hacia los centros de privación de libertad de las entidades de la Administración Pública Central e Institucional, en especial del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), Fuerzas Armadas (FFAA) y Policía Nacional para prevenir acontecimientos de violencia.

Los militares continuarán en el primer filtro de ingreso a los recintos carcelarios y la policía reafirmará su intervención en el control interno y perimetral.

Así mismo, se establece suspender "el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de correspondencia y a la libertad de asociación y reunión de la población penitenciaria de todos los centros".

También consta que el Ministerio de Economía y Finanzas situará los recursos suficientes para atender la situación de excepción.

El estado de emergencia se declaró el 16 de mayo pasado y tuvo una duración de 60 días. Sin embargo, los hechos violentos no pararon. Solo durante el primer mes de aplicación, hubo nueve muertes violentas dentro de las cárceles. Además, en la última semana, hubo otro crimen. (I)