Un informe general de los grilletes de seguridad de la Contraloría concluye, entre otros problemas, que los datos de la localización de las personas privadas de la libertad mostrados en el sistema del Ministerio de Justicia difieren a los que reporta el Servicio del ECU-911.

La Contraloría en el examen, que realizó del 1 de enero de 2016 al 30 de abril de 2018, encontró que la entonces ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, al suscribir el contrato con la empresa china National Electronics Import and Export Corporation (CEIEC) sin estudios definitivos, sin solicitar reportes del avance y no verificar el cumplimiento de las etapas del contrato, ocasionó que el sistema no ubique en tiempo real a los privados de la libertad.

Estas inconsistencias reflejan, según la Contraloría, que la plataforma informática y dispositivos de geoposicionamiento electrónico no cumplan con el objeto del contrato. Así se contabiliza un perjuicio al Ministerio de Justicia solo en esto por $ 9’598 719,52  correspondiente al valor del anticipo.

También encontraron que la cantidad de dispositivos de vigilancia que la entidad adquirió no se sustentó en estudios y diseños completos, definitivos y actualizados.

Por este motivo transcurrieron 304 días desde que el contratista entregó los bienes a ese Ministerio, sin que se utilice el 81,5% de equipos para arresto domiciliario y 97% para  protección de víctimas.

De igual manera, $ 1’220.408,62 en multas no fueron impuestas a la empresa contratista CEIEC. Esta cifra sería superior al 5% del valor del contrato. Solo con esto, la Contraloría sostiene que se pudo terminar el contrato.

Otro de los problemas es la compra de 100 equipos adicionales de reconocimiento facial que, según el informe, están sin uso en las bodegas del Ministerio.

Estiman que Zúñiga al suscribir el contrato no verificó la real necesidad, y ocasionó en esto un perjuicio por $ 193.000. Esa Cartera de Estado firmó el contrato con CEIEC el 18 de agosto de 2016 por $ 13’712.456,45 para 4.000 dispositivos. (I)