Presidente, vocales, directores nacionales, directores provinciales y otros funcionarios del Consejo Nacional de la Judicatura pusieron en marcha, ayer, un plan para acabar con el problema de las audiencias fallidas, que retrasan los procesos judiciales en curso.

Reunidos en Guayaquil, los miembros del organismo destacaron la tarea que cumplirá la Unidad Nacional de Coordinación de Audiencias, que garantizará el debido agendamiento y realización de diligencias, evitando que se posterguen a causa de la ausencia de alguna persona convocada. Se sancionará a quienes no utilicen la herramienta informática para este propósito.

Además, se advirtió que se sancionará, con el mayor rigor permitido por la ley, a servidores judiciales y abogados privados que por su acción u omisión provoquen la no realización de audiencias.         

En su análisis, se trató sobre  la complejidad que reviste el proceso de solución de audiencias fallidas, destacándose que, comparando el primer trimestre del año pasado (50.073 diligencias) con el primero de este año (106.249),  ha existido una elevación en 112% del total de audiencias convocadas.     

Pese a ello, destacaron que, en menos de 90 días de gestión, se redujo la proporción de audiencias no realizadas en provincias como Loja, Azuay, Bolívar, Cañar o Carchi.