La Fiscalía del Guayas confirmó que en el barco pesquero Érika Fernanda, detenido en alta mar por militares estadounidenses y que fue trasladado a Ecuador la tarde del lunes 13 de mayo, fue hallada más de media tonelada de droga.

En total fueron 680 kilos de cocaína los que transportaba la embarcación. El organismo judicial investiga el envío del alijo, que salió de la costa ecuatoriana con destino hacia países de Centro y Norteamérica.

El pesquero, con 23 personas a bordo, fue interceptado el pasado 20 de abril por el Guardacostas Hamilton, de la Marina de Estados Unidos, a 755 millas de Galápagos, en aguas internacionales, próximas a Guatemala y México.

En la nave ecuatoriana se incautó armamento, como fusiles AK47, así como equipos de comunicación y motores fuera de borda.

Los detenidos junto con las evidencias fueron entregados a las lanchas guardacostas ecuatorianas Isla Seymour e Isla Marchena, que los condujeron hasta el puerto de Manta. Aquí fueron entregados a las autoridades judiciales y policiales del Ecuador.

La fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional del Guayas, María Dolores Coloma, manifestó que ya se desarrolla una investigación desde febrero de 2018.  

Las labores de inteligencia apuntan a una organización narcodelictiva que envía drogas en lanchas rápidas acompañadas con lanchas pequeñas, que las asisten con combustible.

Las embarcaciones parten desde diversos puntos de la costa ecuatoriana hacia Centroamérica, desde donde la droga es trasladada a México y Estados Unidos.

Esta modalidad ya ha sido detectada en envíos anteriores. El objetivo es que la embarcación con el alijo pueda navegar más distancia.

En un comunicado, la Fiscalía dijo que fueron ejecutados nueve allanamientos en las ciudades de Manta y Jaramijó (en Manabí), y Quito (Pichincha). Las acciones se extenderán a otras ciudades, en el transcurso de este día.

La audiencia de formulación de cargos contra los 23 detenidos se instalará en las próximas horas, en la Unidad Judicial de Manta.

La Fiscalía los procesará por delincuencia organizada, delito tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y que lo sanciona con pena privativa de libertad, de cinco a siete años. (I)