Una delegación de perjudicados por el cierre de los locales de compra y venta en la provincia de Esmeraldas, frontera con Colombia, acudieron la mañana de este lunes a la Fiscalía General del Estado para exponer su caso y exigir respuestas por las demoras procesales.

Mario Gutiérrez, procurador común de unos 30.000 afectados de esta provincia por el cierre de los locales de empeño, manifestó que el perjuicio asciende a casi $40’000.000 en oro. Recordó que el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, en una visita que realizó a Esmeraldas, manifestó que se realizarán acusaciones por usura y lavado de activos, “sin embargo aún no hay acusados, y las audiencia se han suspendido en cuatro ocasiones”, manifestó.

Por eso dijo que la presencia de esta delegación de perjudicados en el Ministerio Público era para alarmar al fiscal Chiriboga sobre las presuntas trabas del proceso “para que no se acusen a estos negocios manejados por colombianos”.

Alex Molina, representante de los perjudicados de la localidad de Atacames, dijo haber recibido $2.000 en efectivo, luego de empeñar sus joyas de oro que tienen un valor de unos $7.000. Luego del decomiso de joyas “ahora no nos dan ninguna solución”.

Mientras que Leonardo Quiñonez, de la localidad de San Lorenzo, aseguró que en la Fiscalía fueron recibidos por el encargado de Gestión Procesal, “pero no nos dio ninguna esperanza. ¿Dónde están nuestras alhajas?” concluyó.

En enero de este año, un impresionante operativo coordinado entre la Policía y la Fiscalía, terminó en Esmeraldas con el cierre de varias casas de empeño denominadas compra – venta y con el decomiso de joyas de oro.

Las autoridades iniciaron una investigación por los presuntos delitos de lavado de activos y usura.