La falta de voluntad para negociar sigue siendo el principal obstáculo para resolver el secuestro de la pareja de ecuatorianos en poder del frente Oliver Sinisterra, liderado por el disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Walter Patricio Arizala Vernaza, alias "Guacho".

"No hemos tenido contacto. Exactamente son ocho días de no tener contacto con los secuestradores", sostuvo, en Guayaquil, el mnistro del Interior, César Navas, tras la inauguración de dos Unidades de Policía Comunitaria (UPC) en el sur de Guayaquil, la tarde de este martes.

El funcionario destacó que los familiares de la pareja plagiada están recibiendo todo el soporte. "En el proceso de investigación hemos unido cabos sobre cómo fue y bajo qué circunstancias ocurrió el secuestro", manifestó.

Paralelamente, dijo el funcionario, los gobiernos de Colombia y Ecuador están trabajando en un proceso humanitario que nos permita traer con vida a Katty Velasco y Óscar Villacís, y recuperar los cadáveres del equipo de trabajadores de diario El Comercio.

Navas insistió en que el primer escenario ante la crisis en la frontera norte es la negociación con los narcoguerrilleros. "Vamos a seguir trabajando con la Unase (Unidad Antisecuestros y Extorsión) y el grupo Gaula (Grupos de Acción Unificada por la Libertad personal) de Colombia.

Sobre el plazo que le dio el presidente Moreno para capturar a "Guacho", el ministro dijo que Ecuador lo seguirá buscando para que pague sus penas, fuera de cualquier tiempo.

Navas pidió a Colombia que asuma su rol frente a la problemática, más allá del tema de la seguridad. "Tiene que haber un compromiso real para combatir este problema (...) debe haber un desarrollo integral de la frontera".

No negó que la presencia del Estado colombiano en la frontera ha mejorado e hizo hincapié en la implementación del plan o campaña Atlas para tener presencia en los departamentos de Nariño y Putumayo, lo cual para ellos les tomaría 10 años.

Reiteró que Ecuador y Colombia están trabajando para romper las estructuras económicas de los narcoguerrilleros, quienes se han visto afectados en más de $ 600'000.0000. (I)