Desde enero de 2016, más de 170 países se comprometieron a poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad, en los próximos 15 años. Estos propósitos se engloban en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre los 17 Objetivos, el quinto hace relación a la igualdad de género, cuyo fin es acabar con todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas.

En octubre de 2016, la III Conferencia Mundial de Vivienda y Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas se planteó una Nueva Agenda Urbana; sin embargo, gran parte de su reflexión hizo relación a un enfoque territorial que garantice una relación complementaria entre lo urbano y lo rural y consecuentemente entre sus actores.

El INEC reporta en 2010 que de los 14’483.499 habitantes del país, 5’392.713 viven en la zona rural, y de estos, el 49,4% es de mujeres. La pobreza y pobreza extrema es más alta en las zonas rurales y llegan a 41,6% y 16,4%, respectivamente, mientras que en la ciudad es de 16,30% y 4,20%; con afectaciones diferenciadas cuando se trata de mujeres.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la pobreza afecta a todas las personas, pero es diferente para las mujeres debido a la discriminación social y las cargas adicionales, como las familiares. La OIT luego de su informe ‘Desigualdad de Género y Pobreza en América Latina’ de 2003 señala que las mujeres que viven en pobreza y pobreza extrema tienen una alta dedicación a actividades no remuneradas, dependencia económica de sus parejas y desarrollo de actividades informales con bajos ingresos.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, en el examen que realizó a Ecuador en 2015, visibiliza preocupación por la situación de las mujeres en zonas rurales, así como de mujeres indígenas, afrodescendientes y montubias respecto a temas como legislación, acceso a la justicia, consejos locales de protección, estereotipos y prácticas nocivas, violencia de género, participación pública y política, educación, salud, derechos sexuales y reproductivos y propiedad de la tierra.

El sistema nacional, regional y universal de derechos humanos identifica con claridad las obligaciones de los Estados en materia de igualdad y no discriminación a las mujeres; sin embargo, es central que la institucionalidad, la sociedad y el sector privado reconozcamos el vínculo entre la eliminación de la pobreza, particularmente en zonas rurales, y la protección y ejercicio de los derechos de las mujeres; la necesidad de enfrentar la discriminación y la violencia en las relaciones de pareja y familiares, lo cual tiene relación directa con la administración de los bienes y la propiedad; garantizar el acceso al trabajo; propiedad de la tierra, vivienda y crédito como fuente de autonomía, que constituyen el núcleo sustantivo para la emancipación de las mujeres y del género humano. (O)