La agrupación desarticulada en el operativo ‘Aspirante’, además de adulterar documentos como cédulas de identidad o títulos de estudios de tercer nivel, para ‘ayudar’ a que aspirantes a policías aprueben los exámenes de ingreso, se valía de otras personas para que rindieran  las pruebas físicas y psicológicas en lugar de los postulantes.

Ramiro Sánchez, fiscal encargado de la investigación, explicó que existe una procesada identificada como Patricia A., quien sería la organizadora de todo el trabajo delictivo. Ella habría cobrado a cada aspirante -aquellos que no pasaban las pruebas- entre $ 5.000 y $ 7.000, dinero que se presume era destinado al pago de las personas que actuaban como falsificadores y suplantadores.

A más de este delito, Patricia A. sería autora directa de otras infracciones como: enriquecimiento privado y falsificación y utilización de documento público y suplantación de identidad.

Entre las evidencias constan los certificados de depósito a nombre de Patricia A., así como un informe de la Unidad de Análisis Financiero relacionado con los movimientos financieros de esta persona, quien en 2014 registra $ 160.000 sin justificar.

En el operativo fueron detenidas 11 personas, de la cuales 6 quedaron con prisión preventiva por asociación ilícita, entre ellos 2 policías. Este delito es sancionado con una pena privativa de libertad de tres a cinco años.

A 3 individuos más se les dictaron medidas sustitutivas como prohibición de salida del país y su presentación periódica ante el fiscal. Contra las otras 2 personas no se formularon cargos. (I)